Salud financiera

La esperada cuarta reforma del sistema financiero español llegó con el Consejo de Ministros de ayer dos días después de que se anunciara la nacionalización de Bankia. El Gobierno estaba conminado a dar respuesta a los problemas que arrastraba la entidad presidida por Rodrigo Rato para a continuación promover un paquete de medidas que asegurase la imagen de solvencia de los demás bancos y cajas. El otro riesgo que corría el sistema era que, acuciado por la presión global, el Ejecutivo optase por aplicar un mismo criterio de exigencia a instituciones financieras que presentan realidades muy dispares. El Gobierno ha tratado de sortear el peligro que con razón alarmaba a las entidades con menor exposición inmobiliaria. A pesar de lo cual el diseño de una reforma inspirada en la casuística más extrema entraña siempre un tratamiento que descuida las necesidades y aspiraciones de aquellos bancos que operan en condiciones de probada salud financiera. De ahí que, una vez acordado por el Gobierno la contratación de dos firmas que auditen a todos los actores del sistema crediticio, sería aconsejable adecuar el desarrollo de los cambios legislativos introducidos ayer a la radiografía diferenciada del panorama bancario con las modificaciones normativas que ello requiera. La imperiosa necesidad de deshacerse de la rémora inmobiliaria no puede acabar lastrando también a aquellas entidades que se encuentren en situación de actuar con la mayor soltura en el mercado internacional. El Gobierno estableció ayer un cuadro obligatorio de provisiones para responder de la calidad relativa de los activos inmobiliarios y un procedimiento igualmente obligatorio para segregar sociedades que liberen a las entidades bancarias de su vertiente más 'física', ligada a la promoción. El interés que esas sociedades despierten entre potenciales inversores dará cuenta del grado de toxicidad de los activos segregados. El ministro De Guindos se mostró ayer confiado porque las aciagas previsiones de la Comisión Europea respecto a la evolución de la economía española responden a un análisis que aún no contempla el impacto de las últimas medidas del Gobierno. Pero el pronóstico «neutro» de que, sin más iniciativas, en 2013 seguiremos en recesión, con una cuarta parte de la población activa en paro y un déficit público del 6,3% constituye un emplazamiento directo al sistema financiero.