Presión contra el fraude fiscal

El Consejo de Ministros de ayer aprobó un anteproyecto de ley de reforma del Código Penal para endurecer determinados delitos de naturaleza económica, entre ellos la defraudación fiscal, el fraude laboral y el uso indebido de fondos públicos. En materia de delito fiscal, la reforma endurecerá la presión sobre los defraudadores, elevando la pena hasta seis años y de cinco a diez años el tiempo de prescripción. Este agravamiento de las penas para el delito fiscal, que entrará en vigor en noviembre, persigue persuadir a los defraudadores que hayan atesorado dinero negro, en metálico o en el extranjero, de la conveniencia de aflorarlo en la amnistía fiscal que se ha decretado, ya que ésta sería la última oportunidad de salir indemne de la situación, y por un precio relativamente módico del 10% de lo declarado. Se entiende a la perfección la estrategia del Gobierno, pero es evidente que existe una contradicción moral entre el agravamiento de las penas a los defraudadores, que debería responder a un mayor reproche social, y la despenalización temporal de estas actuaciones insolidarias y delictivas.