Hacienda tantea una intervención de las cuentas de Asturias

Asturias se encuentra bajo amenaza de intervención por parte del Gobierno central. El Ministerio de Hacienda encargó esta mañana a la Intervención General y a la Abogacía del Estado que estudie la posibilidad de poner bajo tutela las cuentas de la región, esgrimiendo como argumento la situación de parálisis política que vive la comunidad. “La situación de Gobierno en funciones impide que el mismo adopte compromisos en materia de ingresos y gastos que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad”, explica el departamento que pilota Cristóbal Montoro.

La noticia ha caído como una bomba en una región que vive una situación de interinidad política, a expensas de lo que suceda en el pleno de investidura del próximo día 22, para el que todavía no hay alianzas definidas. A la espera de conocer la identidad del próximo presidente regional, el anuncio del Ministerio de Hacienda sacudió todas las estructuras de la comunidad con su anuncio de posible intervención de sus cuentas.

Montoro y su equipo analizaron esta mañana los planes de estabilidad presentados por las 17 autonomías y reclamaron a una mayoría precisiones sobre sus planes para aplicar los recortes en sanidad y educación. En el caso concreto de Asturias, el descontento fue más allá. Según Hacienda, no se dan las condiciones para que el plan económico de Asturias pueda ser aprobado en el Consejo de Política Fiscal del próximo jueves, lo que obligaría a tomar medidas alternativas. La primera, la puesta en marcha de medidas coercitivas o correctivas para conseguir que el déficit no supere al final de año el 1,5% sobre el PIB previsto. La segunda, “en último extremo”, la intervención.

“Asturias, dada su situación política, no puede garantizar la adopción de medidas para el cumplimiento del objetivo de estabilidad”, remarca el Ministerio de Hacienda, que considera la situación del Principado “especialmente preocupante”.

Por tanto, en este caso, la Intervención General del Estado y el Servicio Jurídico deberá estudiar las consecuencias de una posible no aprobación del plan económico y financiero en el marco de la ley. Un caso parecido, según el Ministerio, ha tenido lugar en el plan de pago a proveedores de las entidades locales.

Así, no se han aprobado los planes de ajuste de las corporaciones locales que han rechazado los mismos. Esto ha provocado que estas entidades locales no puedan suscribir los préstamos previstos en el plan y tengan que retener de la participación de ingresos del Estado las cuantías que procedan para la devolución de los importes a los proveedores.