Economía impone a la banca un colchón de 30.000 millones por el ladrillo sano

Apenas dos meses después de la primera reforma financiera del Gobierno de Mariano Rajoy, el Consejo de Ministros acordó ayer aplicar otra vuelta de tuerca al sector. En medio de la tormenta provocada por la nacionalización de Bankia, cuarta entidad española por tamaño, el Gabinete, obsesionado por disipar de una vez todos los recelos, ha impuesto al conjunto de los bancos destinar otros 30.000 millones adicionales de 'colchón' como garantía de los préstamos concedidos al 'ladrillo' sano. «Sin absoluta certidumbre sobre la solvencia del sector, la recuperación económica será mucho más difícil», reconoció el responsable económico, Luis de Guindos, en la presentación del plan. Por eso defendió una actuación «amplia y contundente», que despeje sospechas, permita a los bancos captar financiación más barata y, en consecuencia, que empresas y familias tengan de nuevo acceso al crédito.

El valor de los activos inmobiliarios sanos asciende a 123.000 millones, frente a 180.000 millones de los problemáticos. La provisión del 7% establecida en febrero, que obligó a apartar con este fin unos 9.000 millones, se eleva ahora al 30% en una escala que va desde el 14% en la vivienda terminada hasta el 52% en el suelo. Por cada 100 euros prestados a promotores sobre los que no pesan sospechas, el banco o caja tendrá que apartar 30, con cargo a resultados, en previsión de eventuales impagos.

El calendario es apretado. Mientras el plazo para anunciar fusiones se extiende ahora desde el 31 de mayo al 30 de junio próximo, la nueva provisión ha de llevarse a cabo este año. Antes del próximo 11 de junio tendrán que presentar los bancos los planes de cumplimiento de esta nueva exigencia. El Banco de España emitirá su opinión en quince días hábiles. Si de alguno de los proyectos se dedujera un déficit de capital principal o de recursos propios, requerirá nuevas medidas y un plan de ejecución en cinco meses.

Habrá bancos o cajas que no se podrán permitir este esfuerzo. Si no logran reponer su capital mediante recursos captados en el mercado, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) les prestará el dinero, siempre que le abonen un interés cercano al 10% y presenten un plan adicional de reestructuración. El ministro de Economía estimó que las necesidades de estos auxilios «estarán muy por debajo de los 15.000 millones de la etapa anterior», cifra que incluye a Bankia, y añadió que el FROB dispone de los fondos necesarios.

El FROB podrá inyectar este dinero mediante acciones o a través de obligaciones convertibles contingentes, lo que en el argot financiero se conoce como 'cocos', que no proporcionan derechos políticos pero se transforman obligatoriamente en acciones si el capital de la entidad desciende por debajo de determinado nivel. El dinero habrá de ser reembolsado en cinco años. «No es, por tanto, una ayuda pública a las entidades», aseveró De Guindos, recordando que habrán de pagar un sobrecoste del doble de lo que ahora le cuesta al Tesoro financiarse a esos mismos plazos.

Los bancos socios de la AEB afirman que van a hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplir los nuevos requerimientos y añaden que se proponen hacerlo sin pedir ayudas públicas, «de forma que no se perjudique al contribuyente». Los grupos de cajas «comparten el objetivo del Gobierno de despejar las dudas sobre la solidez del sistema», afirmó la CECA en un comunicado. Confían en que la evaluación independiente de la cartera crediticia total ayude a este propósito y consideran los 'cocos' una vía adecuada para canalizar las ayudas del FROB. Desde CEOE, que valora positivamente este nuevo paso, se alerta no obstante de la necesidad de que las medidas adoptadas «tengan el menor impacto sobre el acceso al crédito».

En la Bolsa, todos los bancos terminaron la sesión en rojo. El Santander perdió el 1%, BBVA cayó el 1,26% y CaixaBank cedió el 1,05%. Bankia retrocedió un 1,62% adicional. Las acciones de la entidad nacionalizada han perdido durante la semana el 15,6 %, lo que se traduce en una merma de su valor bursátil de 766 millones de euros.

Adjudicados fuera

Las entidades intentaron sin éxito suavizar las nuevas exigencias, y los bancos más grandes se han encontrado además con que el Gobierno impone a todas la obligación de trasladar a sociedades de gestión los activos problemáticos inmobiliarios que ya se han adjudicado por impago de deudas. El traspaso se hará a valor razonable, y se considera como tal el valor en libros, tras restar las provisiones ya realizadas.

Los grandes grupos financieros, sobre todo, expresaron su deseo de seguir ocupándose de esta actividad, tras haber constituido unidades específicas de negocio, pero Economía ha optado por la segregación forzosa, que no afecta a los préstamos morosos, ni a los que están al corriente de pago pero podrían entrar en fecha próxima en dificultades. Las entidades podrán constituir las sociedades gestoras de forma individual o en grupos. Para recuperar la confianza y estimular el crédito, la cartera total de riesgo de las entidades se va a someter a la evaluación de dos expertos independientes. La selección no será fácil, porque no deben presentar conflicto alguno de intereses con los examinados.