CiU y PP adelantan dos años el déficit cero en Cataluña

La relación entre CiU y el PP catalán no vive, en apariencia, su mejor momento, pero aún es lo suficientemente fluida como para que ambas fuerzas vayan de la mano de vez en cuando para sacar adelante iniciativas parlamentarias. A pesar de que el Gobierno catalán se ha propuesto detener como sea la, a su juicio, ofensiva recentralizadora de Mariano Rajoy, y a pesar de que Artur Mas ha forzado la máquina soberanista, el PP catalán apoyó ayer al Ejecutivo nacionalista para sacar adelante la ley catalana de estabilidad presupuestaria, que avanza a 2018, dos años antes que la norma estatal, el compromiso de alcanzar el déficit cero.

Y es que, alejados como están cada vez más por los asuntos identitarios, CiU y PP tienen, en cambio, puntos de encuentro en materia económica. Comparten la defensa de los recortes como vía para salir de la crisis y la apuesta firme por el control del déficit. Así, la ley de estabilidad presupuestaria aprobada por CiU y PP establece que el déficit estructural se limitará al 0,14 % del PIB catalán en 2018, mientras que la ley estatal, respaldada por CiU en el Congreso, sitúa ese tope en de 2020.

La oposición, formada por PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa, criticó a Mas que meta miedo con una posible intervención del Estado de las cuentas catalanas cuando fue CiU quien apoyó la ley estatal de estabilidad presupuestaria, la norma que permite al Estado el arbitraje y control sobre las comunidades autónomas. En cualquier caso, la ley catalana aprobada ayer es consecuencia de la que salió adelante en el Congreso y es también uno de los compromisos que el Ejecutivo de Mas adquirió con el PP para que los populares se abstuvieran y permitieran aprobar los Presupuestos de la Generalitat.

El PP lanzó un par de capotes más a CiU. Votaron juntos para evitar una propuesta de Iniciativa que instaba a crear un impuesto sobre los depósitos bancarios, y además los populares fueron la única formación que no pidió explicaciones a la federación nacionalista por la publicación de un informe de la Policía que apunta que parte del dinero desviado por los saqueadores confesos del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, financió de forma irregular a Convergència, el socio mayoritario de CiU.