¿A la cuarta va la vencida?

Hoy ha aprobado el Gobierno la cuarta reforma del sistema financiero –segunda parte de la tercera que se realizó el pasado febrero según ha explicado en la rueda de prensa el ministro de Guindos-, con la que el Ejecutivo ha salido al paso del gravísimo problema de Bankia –el auditor se negó a firmar las cuentas de la compañía tras constatar un desfase importante- y ha intentado afrontar el escepticismo europeo hacia el sistema bancario español y el propio regulador ya que Bruselas ha exigido una inusual “auditoría externa” para obtener certezas sobre la verdadera situación de nuestro sistema financiero. Efectivamente, el gobernador del Banco de España había aprobado hace tres semanas el plan de recapitalización de Bankia que le proponía Rato –el mismo que ha sido rechazado por le auditor- y más recientemente autorizaba un descabellado reparto de ¡beneficios! a los accionistas de la misma institución. La preocupación europea se ha visto además incrementada hoy con las previsiones publicadas, que auguran una recesión del -1,8% del PIB para España este año y del -0,3% el próximo, y que presagian que nuestro país no será capaz de cumplir los compromisos de déficit.

El problema del sistema bancario español, relativamente imprevisto y hasta imprevisible, es el progresivo y fatal deterioro de los activos inmobiliarios supuestamente “sanos” con el paso del tiempo. Como acaba de decir el propietario de Inditex, gran inversor inmobiliario, los activos sanos valen el 50% de lo que valían y los no tan sanos no valen prácticamente nada. En consecuencia, no han resultado suficientes las provisiones efectuadas sobre activos contaminados de más o menos dudoso cobro: es necesario provisionar también los que en teoría no son dudosos sino créditos inmobiliarios saneados. En consecuencia, si hasta ahora era necesario provisionar dichos créditos en un 7%, ahora es preciso hacerlo en un 30% de promedio (varía el porcentaje según se refiera a suelo, promociones en marcha o inmuebles terminados). Ello supone que los bancos, que en febrero ya tuvieron que aceptar provisiones por importe de 52.000 millones, ahora hayan de añadir, antes de final de año, otros 30.000 millones. Con la consecuencia de que la mayoría de ellos pueden entrar en pérdidas ya que el ministro ha aclarado que las provisiones “deberán salir de la cuenta de pérdidas y ganancias”. Con estas medidas se pretende combatir la “morosidad oculta” en el sistema bancario de que alertó el FMI.

Las entidades que después de este saneamiento presenten déficit de recursos propios o de capital, podrán recurrir al FROB, mediante bonos convertibles contingentes, ‘cocos’, dinero público al 10%, el doble de lo que paga el Tesoro actualmente para financiarse. De Guindos prevé que con disponer de 15.000 millones de estos bonos será suficiente para normalizar el sector. Puede que, finalmente, esta aportación no cueste dinero al contribuyente pero es voluntarista tratar de negar que constituya una “ayuda pública”. Jugar con las palabras para enmascarar la realidad no es digno de políticos solventes.

El otro elemento de la reforma laboral aprobada hoy es la referente al ‘banco malo’ o similar, que requerirá todavía aclaraciones: De Guindos ha explicado que los activos de cada entidad vinculados al ladrillo deberán ser obligatoriamente separados en sociedades independientes –‘bancos malos’ o ‘inmobiliarias malas’, y a su valor contable habrá que restar las provisiones efectuadas. Las entidades estarán obligadas a vender anualmente el 5% de sus activos.

El plan, que debe ser formulariamente aprobado en quince días por el Banco de España, ha sido pésimamente aceptado por los mercados, que registraban caídas importantes, es de suponer que no tanto por la viabilidad o inviabilidad ce la propuesta gubernamental cuanto por el hecho de que los bancos tendrán que renunciar a la mayor parte de los beneficios y de los dividendos, lo que perjudicará objetivamente a los inversores. En cualquier caso, el plan ataca el fondo del problema, y el gran interrogante sigue siendo si no hubiera sido mejor y más realista que la recapitalización del sistema se hubiera efectuado con dinero europeo, procedente de los Fondos de Rescate –del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera- como han pedido aquí numerosos y brillantes economistas (Jesús Fernández Villaverde, Tano Santos, Luis Garicano, etc.), que sostienen que dicha petición no hubiera supuesto una petición de rescate al Estado ni hubiera mermado nuestra soberanía.