Garzón recurre en el Tribunal Constitucional su condena a 11 años de inhabilitación

Baltasar Garzón disparó ayer su último cartucho en España y recurrió ante el Tribunal Constitucional la condena impuesta por el Supremo de 11 años de inhabilitación por haber ordenado las escuchas a los principales imputados en el caso Gürtel y a sus abogados.

El exjuez, que tiene en la recámara apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, denunció en su escrito que el Supremo le condenó por un delito «que no existe» en la legislación española. Sostuvo que en España no hay una norma que regule las escuchas judiciales pese a que el tribunal europeo de Estrasburgo lo haya reclamado.

La condena, añadió, se fundamentó en que su decisión de ordenar la intervención de las comunicaciones a los implicados en el 'caso Gürtel' iba «en contra» de los métodos «particulares» que emplean o defienden los jueces del Tribunal Supremo.

Garzón consideró que la Sala de lo Penal del alto tribunal construyó un delito de prevaricación «a medida» para dictar una sentencia que fue «arbitraria, irrazonable y manifiestamente injusta» ya que abre la puerta a una condena por ese mismo delito ante «cualquier discrepancia jurídica».

El exjuez trasladó al Constitucional que en el 'caso Gürtel' se limitó a «cumplir con su obligación de buscar la verdad sin violar ninguna ley ni nada parecido». La sentencia del Tribunal Supremo, por tanto, «vulneró gravísimamente» sus derechos fundamentales porque se prejuzgó «la culpabilidad del acusado», a juicio de Garzón.