La Generalitat rechaza la «ofensiva de recentralización» del Gobierno

La Generalitat catalana no solo hará oídos sordos a la llamada a la unidad que lanzó el Gobierno central sino que además está dispuesta a pasar al ataque. A modo de anticipo de futuras campañas, como la batalla por el pacto fiscal, el Ejecutivo autonómico anunció ayer una batería de iniciativas jurídicas encaminadas a defenderse de lo que llamó «proceso de recentralización de las competencias de Cataluña».

El Gobierno presidido por Artur Mas advirtió de que, si sus servicios jurídicos así lo determinan, llevará al Constitucional los decretos-ley sobre educación y sanidad, con los que Mariano Rajoy espera ahorrar 10.000 millones. A juicio de la Generalitat, que coincidiría en el recurso con el Gobierno vasco y la Junta de Andalucía, estas leyes, además de poco prácticas desde el punto de económico, podrían ser inconstitucionales. Cree que invaden competencias autonómicas como son la atribución de Cataluña de determinar la jornada lectiva del personal docente o la capacidad del Gobierno autonómico de fijar los precios de los estudios en el ámbito universitario.

La Generalitat cree que el diálogo con el Ejecutivo central se hace cada vez más complicado, ya que «va cerrando la puerta poco a poco». «Tiene una actitud de desconfianza. Se presenta como que España es una administración central y el resto molesta», afirmó el portavoz del Govern, Francesc Homs.

El enfado de la Generalitat tiene tres aristas. La primera, los temores recentralizadores. Cree que el decreto que recobra las competencias sancionadoras en las cuencas hidrográficas es el inicio y estudia impugnarlo ante el Constitucional. El distanciamiento con el PP responde también a las continuas calabazas en relación al pacto fiscal y al incumplimiento del compromiso de inversión anual que incorpora el Estatut.