Golpe de autoridad

El Gobierno ha sido finalmente sensible a las presiones directas del Banco de España e indirectas de la UE y el FMI que exigían recapitalizar Bankia para resolver definitivamente la debilidad derivada de la excesiva inversión en el ladrillo. El conjunto de los activos potencialmente problemáticos del sector promotor e inmobiliario ascendía a 31.800 millones de euros, para los que la entidad ha dispuesto provisiones de 11.900 millones. Por tanto, el balance de BFA-Bankia cuenta con casi 20.000 millones en activos sin dotación. Los mercados han sido explícitos y el ministro De Guindos ha querido separar el problema de Bankia de los de menor cuantía del resto del sistema bancario, que probablemente se abordarán en el Consejo de ministros del próximo viernes. Una intervención convencional era impensable pues hubiera desacreditado todavía más al ya no muy prestigioso sistema financiero español, por lo que se ha optado por un cambio en la gestión -la llegada a la presidencia del exnúmero dos del BBVA José Ignacio Goirigolzarri- y por una inyección de capital público de entre 7.000 y 10.000 millones de euros, en forma de Bonos Convertibles Contingentes y a un interés de mercado del 8%. Dichos bonos se convierten en acciones, y la operación en una verdadera intervención, si la entidad se desvía de sus objetivos. La utilización de recursos públicos para sacar del apuro a unos bancos que cometieron excesos especulativos injustificables produce lógico rechazo en la opinión pública y es de suponer que también en el Gobierno, que se ve obligado a tomar la decisión para evitar males mayores. Sin embargo, es exigible adoptar la máxima cautela para garantizar el buen fin de estos recursos y la devolución puntual del capital, sobre todo teniendo en cuenta los 10.000 millones de euros recortados en Educación y Sanidad. Rodrigo Rato, que ha mantenido al frente de Caja Madrid una trayectoria errática y que por su peso político obstaculizaba soluciones radicales como la adoptada, ha tenido que tirar la toalla después de ver drásticamente recortados sus emolumentos. El exvicepresidente del Gobierno, que no acabó su mandato en el FMI, tampoco ha podido ahora culminar el saneamiento de la institución que se le encomendó.