Rajoy sitúa a los ayuntamientos y comunidades en la diana del ajusteAgrupaciones de consistorios

El Programa de Estabilidad 2012-2015 que el Gobierno de Mariano Rajoy ha enviado a la Comisión Europea como prueba de su voluntad de acelerar la consolidación fiscal tiene en su diana un objetivo preferente: las comunidades autónomas y ayuntamientos. El Ejecutivo culpa a estos entes de gran parte de la desviación del déficit en 2011 (en total 2,51 puntos del PIB sobre lo presupuestado, hasta el 8,51%, frente al objetivo del 6%) y de la abultada deuda (35.000 millones de euros) que al cierre del año arrastraban las administraciones territoriales con sus proveedores.

Y todo eso hay que pagarlo. Recortes en servicios esenciales, subidas de impuestos y tasas y la agrupación de miles de entidades locales conforman la parte más explosiva del programa de ajustes remitido a Bruselas. Ese golpe a las rentas de las familias se verá reforzado por las subidas del IVA y los impuestos especiales que prepara el Gobierno central para 2013.

En 2011 el déficit agregado de las comunidades alcanzó el 2,94% del PIB, más del doble del 1,3% pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Los números rojos de las corporaciones locales alcanzaron el 0,38% del PIB, solo ocho centésimas por encima de la meta (0,30%), aunque esa aparente buena salud financiera es ficticia. En los ayuntamientos el gran desfase está en la deuda: En sus cajones guardan facturas pendientes que suman 20.000 millones, cuyo pago es vital para evitar la quiebra de cientos de pymes de toda España.

La primera vuelta de tuerca para sanear los erarios autonómicos fue el paquete adicional de ajustes impuesto por el Ejecutivo central a las comunidades, que contempla ahorros en educación y sanidad por unos 11.000 millones.

En el ámbito educativo dicho programa incluye el aumento de horas lectivas de los profesores, la reducción de las sustituciones de los docentes -solo se permitirán si la ausencia supera los diez días lectivos- y la elevación del número de alumnos por aula. En las universidades se recortarán las titulaciones ofrecidas, se disparará el precio de las tasas de matrícula y se impedirá contratar a nuevos profesores. El Gobierno cifra en 3.988 millones el impacto de estas medidas.

Sanidad

En la sanidad, el Ejecutivo quiere ahorrar otros 7.267 millones. Para ello obligará a las autonomías a instaurar el copago de los medicamentos, cuya cuantía variará según el nivel de renta y alcanzará también a los pensionistas. Se crearán centrales de compras y se elaborará un listado de prestaciones sanitarias básicas y gratutitas que convivirá con otro de «servicios suplementarios», que pagarán los enfermos.

Por el lado de los servicios sociales, en 2012 se suprimirán 283 millones destinados a ayudar a personas dependientes. Asimismo, se eliminarán 514 entes públicos autonómicos, de los que 126 ya habían desaparecido a finales de febrero.

El Estado quiere ahorrar otros 250 millones con la eliminación de «duplicidades» entre el Estado y las comunidades. Eso supone suprimir organismos como tribunales regionales de Cuentas, órganos de defensa de la competencia o institutos de estadística. Privatizar las televisiones autonómicas permitirá salvar otros 130 millones.

Respecto a los ingresos, el plan destaca el aumento de la parte autonómica del IRPF y la creación de «nuevos tributos» para gravar, por ejemplo, los depósitos bancarios y el uso de bolsas de plástico, o para penalizar la generación de residuos, el turismo o la producción de energía. Las regiones han aumentado también las tasas y precios públicos -en general un 1%, aunque Cataluña lo ha hecho un 14% al crear una tasa por la expedición de recetas médicas, Murcia lo ha hecho un 2,5%, Andalucía un 1,8% y Aragón un 3%. También habrá aumentos en la cuantía de las multas y sanciones.

De las más de 8.000 corporaciones locales que hay en España, unas 2.700 han presentado planes de ajuste para un plazo de 10 años. En conjunto, el Gobierno estima que generarán un ahorro de 39.245,66 millones entre 2012 y 2020, gracias a un aumento de ingresos de 22.915 millones y a un recorte de gastos de 16.331 millones. Para 2012 el ahorro previsto es de 3.059,74 millones y de 3.361,40 millones en 2013.

El incremento de los ingresos en los entes locales proviene de subidas de cuotas y gravámenes tributarios y de la supresión de beneficios fiscales en los impuestos locales (sobre todo el IBI, que aumentará), así como de una subida de tasas y precios públicos municipales.

Miles de ayuntamientos tendrán que agruparse para poder prestar servicios a menor coste y de forma eficiente. El plan nacional de reformas propone «racionalizar» el número de entidades locales y sus atribuciones para ahorrar 10.500 millones. El programa señala que «las competencias se estratificarán por tramos de población, lo que facilitará la agrupación de municipios, de modo que solo tengan esta consideración los que alcancen un umbral determinado». El Ministerio de Hacienda aún no ha decidido dónde situará ese umbral, pero fuentes gubernamentales afirman que trabaja con la idea de propiciar las fusiones y la colaboración de los consistorios con una población inferior a 5.000 habitantes.