Las sanciones urbanísticas continúan avivando el debate político de la ciudad

Las sanciones urbanísticas continúan avivando el debate político de la ciudad. En esta ocasión, en referencia a la propuesta lanzada, el pasado viernes, por el grupo municipal socialista para trabajar por una rebaja en las sanciones urbanísticas, el delegado de esta área, Andrés Núñez, ha aclarado esta idea: «No es ninguna propuesta, ni idea novedosa, sino una obligación legal que viene aplicándose desde hace una década». Núñez apoyó estos argumentos aludiendo a lo establecido en el artículo 208.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en el que dice textualmente, que «si el hecho constitutivo de una infracción pudiera ser legalizado por no ser disconforme con la ordenación urbanística, la sanción que corresponda según el apartado anterior se reducirá en un 75 % de su importe».

Con todo esto, Andrés Núñez expresó que se trata de «un precepto legal de obligado cumplimiento que la Administración aplica desde 2002, por lo que resulta sorprendente que el PSOE venga ahora con estas declaraciones no se sabe muy bien con qué intención», aclarando que «en otras palabras, piden que se aplique un precepto que viene aplicándose de manera obligatoria desde hace una década, por lo que entendemos que el propio PSOE reconoce que sus ideas llevan una década de retraso».

En cuanto a la ordenanza de las Áreas de Gestión Básica (AGB), a la que aludieron los socialistas para llevar a cabo esta rebaja de las multas en cuestión urbanística, Núñez apuntó que «lo que se hizo en la anterior etapa corporativa fue copiar el referido artículo, sin innovar ni crear nada nuevo, sino simplemente trasladar una previsión legal de obligado cumplimiento a una ordenanza municipal». Asimismo, Andrés Núñez aseguró que «para aplicar este precepto es preciso poder regularizar la situación urbanística, algo que para el caso de las Áreas de Gestión Básica, es preciso y necesario que primero exista una forma de desarrollo de las mismas. Algo que se detuvo por la anulación judicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que puede activarse, de diferente forma, gracias a las Normas Sustantivas, un documento que, pese a no haber apoyado nunca el PSOE, ahora parece que valora su importancia».

Así las cosas, el edil popular concluyó aconsejando al PSOE que «en lugar de hacer propuestas de este tipo que llevan una década aplicándose, es más útil que arrime el hombro y dejen de lado la confrontación, para lo que es necesario mirar por el interés de la ciudad por encima del rédito político».

Propuesta socialista

El grupo municipal socialista anunció que llevará al próximo Pleno de mayo una propuesta para «buscar fórmulas que contribuyan a paliar las graves consecuencias que generan las multas urbanísticas». Según la concejala socialista Cándida Verdier, «la intención es que, sin que el Ayuntamiento abandone su obligación de cobrarlas, éstas tengan la reducción del 25% que contemplaba la Ordenanza de regularización de las Áreas de Gestión Básica que se trabajó en la anterior etapa corporativa». A esto, Verdier añadió que «estamos en el momento para trabajar en este asunto, un mes antes de que entren en vigor las Normas Sustantivas y haya base para que se pueda aplicar esta Ordenanza».

Todo esto, comentó la socialista, porque tienen «el temor de que con la conclusión del informe de estabilidad presupuestaria, en el que se advierte del bajo nivel de recaudación y la necesidad de impulsarla desde el Consistorio, sumado a la preocupación del equipo de gobierno de reducir el déficit, se acaben apretando las clavijas al ciudadano que tiene que pagar». Por eso, continuó Cándida Verdier, «surge nuestra preocupación por los afectados, ya que tememos que con el informe y las ansias de cobrar de Marín, se impulse el cobro de unas multas de cifras muy elevadas para la situación económica que viven muchas familias de la localidad y, en esta línea, es necesario rebajar los costes de las sanciones», concluyó Verdier.