Los acusados del 11-S, ante el juez

Diez años y medio después de que sus familiares muriesen en las Torres Gemelas, miles de padres, hermanos y demás parientes tendrán la oportunidad de ver a los presuntos autores del 11-S ante un tribunal. Cinco de ellos, elegidos mediante sorteo, compartirán en Guantánamo una urna de alta seguridad con periodistas, abogados y representantes de derechos humanos mientras que el resto los verá por satélite en bases militares del noroeste de EE UU.

No todo el mundo considera que se hará justicia. El propio Barack Obama detuvo el proceso en cuanto llegó al poder y más tarde anuncio que llevaría a cabo un juicio civil en Nueva York. Sin embargo, el Congreso le impidió transferir a los detenidos de Guantánamo a territorio estadounidense. Desde las familias hasta el alcalde de Nueva York se opusieron a que los responsables de semejante masacre disfruten de la misma justicia que el resto de los mortales.

La razón de fondo es el temor a que las pruebas no pasen el mínimo legal. Detenidos en lugares remotos a manos de militares de EE UU, paquistaníes o afganos, ocultos en cárceles secretas, torturados y a menudo vinculados al atentado mediante pruebas clasificadas que no se muestran ni a sus abogados, las posibilidades de que escapen de la ley son altas.

Con Khalid Sheikh Mohammed y sus cuatro compañeros puede que no haga falta luchar mucho. Después de haber sido sometido 183 veces a la técnica de asfixia simulada, Mohammed llegó ante al juez en diciembre de 2008 deseoso de alcanzar el cielo y los premios que reciben los mártires. Se declaró culpable de planear los atentados del 11-S, e incluso asegura haber decapitado personalmente al periodista de The Wall Street Journal Daniel Pearl.

«No creo que entendiesen la trascendencia de lo que estaba pasando», dijo esta semana el abogado de otro de los acusados, según el cual esta vez ninguno se declarará culpable. Hoy Mohammed y sus compañeros podrán declararse culpables, si todavía lo desean. Si prefieren ir a juicio se calcula que éste tardará un año mientras el juez estudia las mociones de cada abogado.