El problema del colegio

Cada primavera, la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz y, por extensión, toda la Consejería, renuevan un fracaso que por conocido no debe resultar más tolerado. Un centenar largo de familias se ve obligada a matricular a sus hijos en centros que no ha escogido, incumpliendo la Administración autonómica un precepto que le obliga a respetar la elección de los padres. La Junta se ampara cada curso en que su única obligación es garantizar que cada niño tenga una plaza y pasa por alto el proceso administrativo que lleva a las familias a señalar centros preferidos cuando inician el proceso burocrático de matriculación.

En su tozudo empeño de menospreciar a la educación concertada frente a la pública, la Consejería de Educación no tiene reparos en frenar o dificultar el acceso de los menores a colegios con una mayor dedicación a la formación religiosa, siempre ofrecida por centros concertados.

De esa forma, con la falta de espacio, se justifica la operación. Los padres se vuelcan en el deseo de entrar en algunos centros escolares, habitualmente ligados a la Iglesia Católica, pero la Junta de Andalucía es incapaz de atender esa demanda y, al cabo, los desvía. A efectos prácticos, las familias que querían una educación religiosa y de calidad, se ven obligados a peregrinar a otro centro porque el sistema público que sostienen con sus impuestos es incapaz de atender una petición que se le pide por escrito.

El hecho de que el número de casos sujetos a este conflicto baje tiene mucho que ver con el descenso de la natalidad, nunca con las ganas ni la capacidad de resolverlo de una Junta de Andalucía empeñada en hacer distingos desde la más tierna infancia, sin detenerse a tener en cuenta las legítimas preferencias, y los principios, de sus ciudadanos.