Protestas de baja intensidad

Las manifestaciones de ayer, convocadas en 55 ciudades españolas por la Plataforma en Defensa del Estado del Bienestar, de la que CC OO y UGT son miembros destacados, bajo el lema 'Con la educación y la sanidad no se juega', tuvieron un apoyo discreto. En parte, por la lluvia generalizada y el efecto disuasorio del puente; en parte, también, porque los convocantes no han tenido en cuenta la contigüidad con el Primero de Mayo, en el que están convocadas otras manifestaciones; y además, sin duda, porque más allá del rechazo que suscitan los recortes en los grandes servicios públicos, existe una generalizada resignación social que proviene de la convicción de que la dureza gubernamental en los ajustes no tiene una verdadera alternativa. La huelga general, que tuvo una repercusión significativa, dio testimonio de la irritación que provocó una reforma laboral de gran dureza, que no podía ser aceptada en silencio por las organizaciones sindicales. Pero aquel éxito relativo no debería llevar a la confusión: el mandato de los electores al PP fue muy explícito y sin duda incluía el conjunto de medidas dolorosas e inquietantes que han de conducirnos a la estabilidad y al crecimiento. El alivio de esta pesada carga que recae sobre los hombros de los ciudadanos difícilmente puede provenir de decisiones positivas del Gobierno: si acaso, habrá de ser la gran política europea la que marque nuevas estrategias que aceleren el crecimiento y limiten la presión sobre los países más desequilibrados como, además de los tres ya rescatados, España e Italia. La movilización social es inherente a la libertad de expresión de la sociedad civil, posee protección constitucional y contribuye a desarrollar el concepto de democracia continua. Con todo, en este período de evidente dificultad, tanto los partidos de oposición como las organizaciones sociales de toda índole deberían administrar ese derecho con prudencia. Primero, porque la paz social es un activo frente a los mercados. Y también, porque no sería saludable crispar al país más de lo necesario cuando muchos ciudadanos ya se encuentran con razón indignados por la presión que ejerce sobre ellos la propia crisis.