Jueces y fiscales creen que Interior criminaliza a los manifestantes

España va «de un Estado democrático de derecho a un Estado penal». Los jueces y fiscales progresistas cargaron ayer con dureza contra las reformas legales que plantea el Gobierno para combatir las algaradas callejeras y mostraron su preocupación por lo que ellos calificaron de «criminalización de la disidencia política».

Jueces para la Democracia (JD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) afirmaron, tras una reunión en Barcelona, que «el derecho penal no es la repuesta a los problemas sociales». Se referían al anuncio del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que planea reformar el Código Penal para igualar las penas de la 'kale borroka' con las de la guerrilla urbana, aumentando de uno a dos los años de prisión para los alborotadores. Ven una medida «injustificada, innecesaria y carente de matices» y entienden que en la ley, tal y como está en la actualidad, ya existen suficientes mecanismos para luchar contra este tipo de altercados.

Idea preconstitucional

«La vía no es endurecer las penas sino probar la conducta de los que intervienen en estos disturbios», expresó María Moretó, de la UPF. Creen que en España no existe problema de impunidad respecto a los actos violentos. «Que se debute en el Ministerio con propuestas de agravamiento penológico confunde el problema y deja entrever una concepción preconstitucional de los derechos de la ciudadanía», señalaron. Les «preocupa» que la salida del Estado social venga acompañada de una política criminal y penal que tengan como principal meta provocar la disuasión de la protesta legítima. Recordaron que a mediados de marzo, el ministro del Interior, en el Senado, dio a conocer una primera reforma del Código Penal, tras las movilizaciones en Valencia contra los recortes educativos, con el objetivo de elevar las penas por el delito de desobediencia.

A raíz de la huelga general del 29-M y los disturbios de Barcelona, el ministro de Justicia hizo pública otra modificación legal para equiparar la resistencia pasiva al delito de atentado, criminalizar la convocatoria de manifestaciones en las redes sociales y para endurecer las penas por violencia callejera.

«Se está legislando a golpe de titular», dijo José Luis Ramírez Ortiz, portavoz de Jueces para la Democracia, y se pueden vulnerar «derechos como el de reunión o manifestación». En este sentido, afirmaron que anular temporalmente el acuerdo de Schengen, de libre circulación de personas en la UE, para evitar la entrada de violentos -sobre todo griegos e italianos- que pretenden 'reventar' la cumbre que el Banco Central Europeo celebrará en Barcelona el 3 de mayo es de «estado democrático miope».