Urbanismo estudia los límites de crecimiento del nuevo PGOU

Mientras se espera la aplicación de las Normas Sustantivas que, según el delegado de Urbanismo, Andrés Núñez «supondrán un impás hasta alcanzar la estabilidad urbanística», el mismo edil ha hecho público el proceso en que se encuentra en la actualidad el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), que regulará el suelo chiclanero de manera definitiva. En esta línea, Núñez declaró que «nos encontramos con unas limitaciones surgidas por normativas planteadas tras la anulación del anterior Plan, hoy anulado, como es el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)».

Esta legislación autonómica establece que no se admiten incrementos de suelo urbanizable en más del 40% del urbano ya existente ni crecimientos que supongan incrementos de población de más del 30% en ocho años. Ante este artículo, el delegado de esta área explicó que «no nos preocupa el límite establecido en cuanto al suelo urbano porque en nuestra ciudad se contempla con con las Normas Sustantivas». Sin embargo, en cuanto al crecimiento poblacional, Nuñez apuntó que la cifra que correspondería a Chiclana estaría al rededor de las 9.000 ó 10.000 viviendas nuevas. Por eso, señaló que las conversaciones con la Secretaría de Ordenación Pública, dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, se están desarrollando con el objetivo de «establecer qué nuevos crecimientos no computarán, dentro de las 10.000 viviendas permitidas, al reconocerse las de carácter irregular, que se consideran ya existentes». Añadiendo que «esto permitirá aumentar la cifra real de nuevas viviendas, más allá de la cantidad antes anunciada», aún así Núñez recordó que «sólo se trata de un límite legal sobre el cual se está trabajando para hacerlo más fácil, lo queno significa que luego vayan a existir estas viviendas nuevas».

Al igual que este asunto, el delegado de Urbanismo también se refirió a la obligación legal de reservar un 30% del suelo para viviendas de protección oficial (VPO), teniendo en cuenta la especialidad de las áreas de gestión básica (AGB) y la dificultad de plantear estas viviendas en dichos ámbitos.

Por eso, Núñez explicó que «unas 1.000 VPO, que deberían edificarse en AGB, deberán ser trasladadas y repartidas por la ciudad de manera diversificada, para que ningún ámbito concentre el 100% de estas viviendas, ya sea por la viabilidad de desarrollo de las zonas que tienen que asumir ese déficit o por generar una oferta diversa y adecuada al mercado inmobiliario actual».

Con estos dos puntos, que el delegado de Urbanismo consideró «claves porque se trata de límites legales que establece la Junta de Andalucía», Núñez apuntó que «en cuanto se resuelvan estas cuestiones en las próximas semanas, se podrá poner el documento encima de la mesa para comenzar a presentárselo a la oposición».