Desahucian a Clemente por el impago del alquiler de la casa en la que residía

Cada vez más difícil. La cuesta se hace más empinada y el peso es mayor. Es lo que siente el principal imputado por el desfalco de 7,8 millones de euros, Clemente Ruiz. A las complicaciones de defenderse ante lo ocurrido y de enfrentarse a una gran administración, como es el caso de un ayuntamiento, hay que sumar los reveses personales que se van acumulando.

El último ocurrió durante la semana pasada cuando se certificó el desahucio de la casa en la que residía, debido a los numerosos impagos del alquiler. Por ello ha tenido que mudarse a Chiclana, municipio en el que vivirá gracias a la solidaridad de un amigo que le ha cedido una vivienda en la que refugiarse hasta que levante cabeza.

¿Culpable o inocente? Por el momento ni lo uno ni lo otro. Nada se sabe del proceso judicial abierto a la espera de que se fije una fecha. Sin posibilidad de reincorporarse al trabajo y señalado, el juicio marcará si todo lo que está padeciendo es justificado o no.

De momento los problemas se amontonan. La falta de recursos económico no solo hace que la familia del que fuera jefe de caja del Ayuntamiento, dependa de la caridad de familiares, amigos y conocidos, sino que también tienen la calculadora en la mano de forma constante.

El marcharse a Chiclana hace que Clemente tenga que desplazarse todos los días a San Fernando para firmar en la Comisaría Nacional, tal y como estipuló la jueza encargada del caso tras acabar con su prisión preventiva. Esto es otro contratiempo pues Clemente asegura tener dificultades para desplazarse al carecer de dinero para llenar al tanque del coche o para coger todos los días un transporte público.

Otro abogado

En donde si hay novedades es en lo que se refiere al proceso contable. El letrado del Ayuntamiento ha decidido abstenerse de la causa porque considera que conoce información que avala «por razones de índole de ética profesional el apartamiento como letrado de este asunto». El alcalde de la ciudad, José Loaiza, ante esta situación ha decidido solicitar a la Diputación Provincial, de la que también él mismo es presidente, la cesión de un abogado para que defienda los intereses del Consistorio isleño en el asunto de las graves irregularidades detectadas en la contabilidad. «Una determinación qué no tiene ninguna lógica al estar hablando del caso de corrupción más grave que ha sufrido San Fernando en su historia y cuando estamos hablando de la pérdida de millones de euros. Desde el PSOE creemos que el Ayuntamiento debe poner a disposición de la causa todos los medios posibles y disponibles para la aclaración de este asunto y siempre con el objetivo principal de procurar el reintegro de la mayor cantidad de dinero posible a las arcas municipales», aseguró el portavoz del PSOE isleño, Fernando López Gil.

De hecho, el socialista no entiende cómo se aprobó el gasto de 60.000 euros para rebatir el informe de la Cámara de Cuentas, y ahora sin embargo no se busca a un letrado con solvencia en estos casos.