La Fiscalía del caso de los ERE pide el encarcelamiento del exconsejero andaluz

La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer a la juez Mercedes Alaya el ingreso en prisión, sin posibilidad de fianza, del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández por su implicación en el supuesto fraude de los ERE pagados con dinero público. La medida cautelar, reclamada por el riesgo de fuga y para impedir que pueda perjudicar la investigación, también fue solicitada por el PP y el sindicato Manos Limpias una vez que el exalto cargo, ante la sorpresa de todos los abogados, se llegó a preguntar en su alegato final acerca de «cómo podría yo haber evitado esto».

La juez deberá decidir en las próximas horas no solo sobre el encarcelamiento sino también sobre si impone al imputado una caución de 890 millones de euros para cubrir posibles responsabilidades civiles, tal y como le reclamaron las tres acusaciones. El abogado de la Junta no consideró precisa el ingreso en prisión del exconsejero y creyó suficiente que se le impusiese una comparecencia semanal ante el tribunal.

La petición de la Fiscalía se produjo después de cuatro intensas jornadas de interrogatorios en las que Fernández, al que la juez imputa cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y fraude en subvenciones, así como otros dos cargos por cohecho y falsedad en documento mercantil, defendió en todo momento la legalidad del sistema de ayudas promovido por la Junta. También reiteró su desconocimiento acerca de las irregularidades en la concesión de ayudas directas a empresas, algunas de ellas vacías de contenido, o la inclusión de «intrusos» en algunos de los expedientes pagados con dinero público. La sorpresa de la jornada saltó durante su alegato final, en el que el exconsejero apuntó que, «a la vista de las evidencias del procedimiento» en relación a las supuestas irregularidades, se ha preguntado varias veces «cómo podría yo haber evitado esto». Hizo hincapié en el posible exceso de confianza con su equipo de subordinados, cuestionándose si en vez de un consejero «impulsor» debió haberse comportado más como un consejero «vigilante» de la gestión de los suyos. Fuentes de su defensa subrayaron que, además del «daño personal» que ya sufre, al exconsejero le causa «gran pesar el daño institucional causado a la Junta y a la propia comunidad autónoma, habida cuenta del debate público generado» en torno a esta investigación.

El exconsejero, minutos antes, respondió a más de 200 preguntas formuladas por el PP, personado como acusación particular en la causa y que volvió a cuestionar la legalidad del sistema de ayudas puesto en marcha en 2001 por la Junta para socorrer a empresas en crisis. Una partida económica que contó con 647 millones de euros hasta 2010 y que llegó a ser calificada por el hasta ahora principal imputado en la trama, el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, como «fondo de reptiles». Sin embargo, cuando la abogada del PP empleó ayer esta definición, Fernández la reconvino inmediatamente. «No consiento que hable en esos términos», reprochó, subrayando que se trata de fondos presupuestarios aprobados por el Parlamento.

Algunas lagunas

Al igual que en las tres jornadas previas, el exconsejero defendió en todo momento que el sistema de ayudas instaurado en 2001 -transferencias realizadas desde una empresa pública- se ajustaba a la legalidad y como tal era conocido por todo el ejecutivo regional, aunque desconocían los manejos del exdirector de Trabajo, por ejemplo, y que hubiese incluido a familiares y otros conocidos entre las prejubilaciones aprobadas. Sin embargo, Fernández no ha sabido explicar por qué, como estipula la normativa, las ayudas por un importe superior a los tres millones de euros no pasaban por el Consejo de Gobierno andaluz, ni por qué hubo una gran concentración de ayudas para la comarca sevillana de la Sierra Norte, de la que procedía Guerrero. También respondió con evasivas al ser preguntado acerca del verdadero destino de algunas de estas ayudas, que fueron a parar a empresas vacías de contenido de un grupo de sociedades cuyos responsables están también imputados.