Las dudas sobre la constitucionalidad

La reforma laboral no es en absoluto pacífica. Da al empresario la posibilidad de modificar unilateralmente las condiciones salariales o de horario; elimina la autorización administrativa en los ERE, reduce la indemnización por despido y permite el despido objetivo si bajan los ingresos de forma persistente. Además, sindicatos, grupos parlamentarios y organismos como el Consejo Consultivo de garantías estatutarias de la Generalitat han planteado dudas sobre la constitucionalidad de algunas medidas. Incluso un juez ha elevado una cuestión al Tribunal Constitucional.

En este sentido, es muy cuestinable, a juicio de los sindicatos, el contrato de emprendedores con un año de prueba del trabajador durante el cual se le puede despedir sin indemnización.

También es muy controvertida la atribución a la Comisión Nacional de Convenios Colectivos del papel de árbitro ya que afecta al derecho a la negociación colectiva porque se trata de un órgano administrativo, no paritario. A eso se añade que una sentencia dice que el arbitraje no puede ser obligatorio porque restringe la tutela judicial efectiva.

Para el Consejo consultivo la no territorialización de las subvenciones al empleo incumple lo determinado por el Constitucional en 2001 de que las subvenciones para la formación tienen que territorializarse. Lo que hace la reforma es ampliar las competencias del Estado.