LOS PACTOS DE LA MONCLOA, AGUA PASADA

tarias suscribían un acuerdo clave de la democracia: los Pactos de la Moncloa, soporte económico de la Transición.

Han pasado casi 35 años desde aquel intento de buscar una salida común a la crisis y España vuelve a estar en estado de emergencia. La deuda pública ha pasado de un 36,2% en 2007 a un 68,5% en 2011 (y puede acabar el año en el 80%, según las estimaciones del Gobierno); el desempleo, que marcaba hace cinco años un mínimo de solo el 7,9% según la Encuesta de Población Activa, alcanzó el 22,85% en el último trimestre de 2011, y según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional España no volverá a recuperar el nivel de crecimiento de 2008, el último ejercicio en que hubo cifras positivas, hasta dentro de diez años. Sin embargo, nada hace pensar que un acuerdo de ese tipo pueda repetirse. ¿Un drama? Los dos principales partidos no lo ven así.

«Los Pactos de la Moncloa buscaban la estabilidad política y frenar una altísima inflación que estaba generando un gran quebranto, pero cada momento tiene su afán -señala el número dos del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro-. Nosotros hemos recibido un mandato reformista con una mayoría cualificada muy sólida para cambiar las cosas; los consensos son positivos pero nunca pueden ser un objetivo en sí mismo. Los ciudadanos no optaron solo por un cambio de gobierno sino por un cambio de políticas».

En puridad, el acuerdo de 1977, en el que participaron sindicatos y empresarios, tuvo resultados muy desiguales en términos económicos. Su gran virtud fue que logró una paz social suficiente para asentar una democracia incipiente, aún en peligro. Ese razonamiento hace que hablar hoy de nuevos Pactos de la Moncloa carezca de sentido para la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano.

Diferencias ideológicas

«La arquitectura institucional estaba aún por construir; ahora tenemos una democracia consolidada en la que existen otros instrumentos de los que se puede echar mano», sostiene la mano derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba. «En todo caso -matiza-, hay que acordar elementos centrales (gasto público, ingresos, política exterior, sistema financiero...) pero no hay por qué ignorar las diferencias ideológicas. Siempre debe haber una alternativa».

En sus intervenciones públicas, los dirigentes de PP y PSOE se culpan mutuamente de la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Pero ambos pretenden que es el contrario el que debe abandonar sus posiciones.

«La generación de los constituyentes tenía pasión por el pacto, contaba con la presión de tener a sus espaldas una guerra y una dictadura y sabía que solo eso podía resolver el paso a la democracia», apunta el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra. «Ahora hay incluso aversión al pacto. Se piensa equivocadamente que pactar es ceder. Y cuando todos renuncian a algo no se puede hablar de cesión sino de acuerdo -sostiene-; una cierta manera de alcanzar el espíritu de la Transición no sería malo para los tiempos que corren».

También cree que «merecería la pena intentarlo» Manuel Lagares, coordinador del grupo que redactó los Pactos de la Moncloa e inspirador de la mayoría de las reformas fiscales realizadas en la democracia. El catedrático emérito de Hacienda Pública coincide en que las circunstancias actuales poco tienen que ver con las de finales de los setenta. Aunque esta crisis es, a su modo de ver, más grave, aquella «golpeaba sobre un país económicamente más débil» y quizá eso hacía más perentorio el entendimiento. «Por otro lado -dice-, lo que se hizo entonces fue construir acuerdos para configurar el futuro de la economía de España y hoy estamos ese mismo escenario: no ante una crisis coyuntural sino estructural. Necesitamos cambiar el modelo de crecimiento».

La soledad, una opción

El padre de la reforma del IRPF conviene en que el Gobierno puede ir solo en ese camino. «No es una cuestión de imposibilidad técnica; lo que hay que plantearse es si pensar en el futuro de nuestro país, al margen de medidas concretas e inmediatas, no requiere de cierto consenso».

Una de las voces que con más insistencia reclama, desde hace ya años, un gran acuerdo de Estado es el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida. Rechaza hablar, él también, de nuevos Pactos de la Moncloa, un término que a su juicio contamina el debate, pero argumenta que vivimos una situación alarmante e «histórica», que no admite escudos ideológicos. «El PP se negó a apoyar medidas aprobadas por el Gobierno del PSOE que luego ha puesto en marcha corregidas y aumentadas y el PSOE se opone a medidas que no distan mucho de las que desarrolló».

Afirma que solo hay un problema de voluntad política. «La ideología puede ser un argumento para un militante de base, pero los líderes de los partidos tenemos la obligación de convencerles de que el interés general está por encima», dice. Su deseo sería que los partidos que forman la «centralidad» política -PP, PSOE, CiU y PNV, fundamentalmente, según su esquema- se sienten hablar. No incluye a IU, aunque cree que su aportación sería «deseable», porque cree que está en posiciones muy extremistas.

El coordinador general de esa coalición, Cayo Lara, no rechaza de plano, aún así, un «gran acuerdo nacional», aunque añade que «tendría que hacerse sobre unos mimbres radicalmente distintos a los que está poniendo el Gobierno encima de la mesa». Acusa a PP y PSOE de haber puesto en marcha una dinámica que consisten en «salvar a los bancos y hundir la economía». Pero se muestra dispuesto a hablar sobre una reforma fiscal, sobre medidas de lucha contra el fraude y sobre la posición española frente a Europa.

La coincidencia en que no se da el clima para un diálogo serio es, en todo caso, bastante unánime. «Es el Gobierno el que tiene que tomar la iniciativa y no lo está haciendo», subraya el número dos de los nacionalistas vascos en el Congreso, Aitor Esteban. Lo urgente parece relegar lo prioritario.

Las soluciones de los problemas económicos nunca son económicas sino políticas; no hay oscuras fórmulas técnicas que permitan resolver las dificultades en un clima de gabinete». Ese era el criterio del reputado economista Enrique Fuentes Quintana en julio de 1977, poco después de ser constituido el Gobierno al que había sido llamado como vicepresidente y ministro de Economía por Adolfo Suárez, y así lo dijo en un inusual mensaje televisado al país en el que, sin paños calientes y con un lenguaje llano, se esmeró en explicar al ciudadano de a pie la alarmante situación económica que atravesaba España. Pocos meses después, todas las fuerzas parlamentarias suscribían un acuerdo clave de la democracia: los Pactos de la Moncloa, soporte económico de la Transición.

Han pasado casi 35 años desde aquel intento de buscar una salida común a la crisis y España vuelve a estar en estado de emergencia. La deuda pública ha pasado de un 36,2% en 2007 a un 68,5% en 2011 (y puede acabar el año en el 80%, según las estimaciones del Gobierno); el desempleo, que marcaba hace cinco años un mínimo de solo el 7,9% según la Encuesta de Población Activa, alcanzó el 22,85% en el último trimestre de 2011, y según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional España no volverá a recuperar el nivel de crecimiento de 2008, el último ejercicio en que hubo cifras positivas, hasta dentro de diez años. Sin embargo, nada hace pensar que un acuerdo de ese tipo pueda repetirse. ¿Un drama? Los dos principales partidos no lo ven así.

«Los Pactos de la Moncloa buscaban la estabilidad política y frenar una altísima inflación que estaba generando un gran quebranto, pero cada momento tiene su afán -señala el número dos del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro-. Nosotros hemos recibido un mandato reformista con una mayoría cualificada muy sólida para cambiar las cosas; los consensos son positivos pero nunca pueden ser un objetivo en sí mismo. Los ciudadanos no optaron solo por un cambio de gobierno sino por un cambio de políticas».

En puridad, el acuerdo de 1977, en el que participaron sindicatos y empresarios, tuvo resultados muy desiguales en términos económicos. Su gran virtud fue que logró una paz social suficiente para asentar una democracia incipiente, aún en peligro. Ese razonamiento hace que hablar hoy de nuevos Pactos de la Moncloa carezca de sentido para la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano.

Diferencias ideológicas

«La arquitectura institucional estaba aún por construir; ahora tenemos una democracia consolidada en la que existen otros instrumentos de los que se puede echar mano», sostiene la mano derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba. «En todo caso -matiza-, hay que acordar elementos centrales (gasto público, ingresos, política exterior, sistema financiero...) pero no hay por qué ignorar las diferencias ideológicas. Siempre debe haber una alternativa».

En sus intervenciones públicas, los dirigentes de PP y PSOE se culpan mutuamente de la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Pero ambos pretenden que es el contrario el que debe abandonar sus posiciones.

«La generación de los constituyentes tenía pasión por el pacto, contaba con la presión de tener a sus espaldas una guerra y una dictadura y sabía que solo eso podía resolver el paso a la democracia», apunta el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra. «Ahora hay incluso aversión al pacto. Se piensa equivocadamente que pactar es ceder. Y cuando todos renuncian a algo no se puede hablar de cesión sino de acuerdo -sostiene-; una cierta manera de alcanzar el espíritu de la Transición no sería malo para los tiempos que corren».

También cree que «merecería la pena intentarlo» Manuel Lagares, coordinador del grupo que redactó los Pactos de la Moncloa e inspirador de la mayoría de las reformas fiscales realizadas en la democracia. El catedrático emérito de Hacienda Pública coincide en que las circunstancias actuales poco tienen que ver con las de finales de los setenta. Aunque esta crisis es, a su modo de ver, más grave, aquella «golpeaba sobre un país económicamente más débil» y quizá eso hacía más perentorio el entendimiento. «Por otro lado -dice-, lo que se hizo entonces fue construir acuerdos para configurar el futuro de la economía de España y hoy estamos ese mismo escenario: no ante una crisis coyuntural sino estructural. Necesitamos cambiar el modelo de crecimiento».

La soledad, una opción

El padre de la reforma del IRPF conviene en que el Gobierno puede ir solo en ese camino. «No es una cuestión de imposibilidad técnica; lo que hay que plantearse es si pensar en el futuro de nuestro país, al margen de medidas concretas e inmediatas, no requiere de cierto consenso».

Una de las voces que con más insistencia reclama, desde hace ya años, un gran acuerdo de Estado es el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida. Rechaza hablar, él también, de nuevos Pactos de la Moncloa, un término que a su juicio contamina el debate, pero argumenta que vivimos una situación alarmante e «histórica», que no admite escudos ideológicos. «El PP se negó a apoyar medidas aprobadas por el Gobierno del PSOE que luego ha puesto en marcha corregidas y aumentadas y el PSOE se opone a medidas que no distan mucho de las que desarrolló».

Afirma que solo hay un problema de voluntad política. «La ideología puede ser un argumento para un militante de base, pero los líderes de los partidos tenemos la obligación de convencerles de que el interés general está por encima», dice. Su deseo sería que los partidos que forman la «centralidad» política -PP, PSOE, CiU y PNV, fundamentalmente, según su esquema- se sienten hablar. No incluye a IU, aunque cree que su aportación sería «deseable», porque cree que está en posiciones muy extremistas.

El coordinador general de esa coalición, Cayo Lara, no rechaza de plano, aún así, un «gran acuerdo nacional», aunque añade que «tendría que hacerse sobre unos mimbres radicalmente distintos a los que está poniendo el Gobierno encima de la mesa». Acusa a PP y PSOE de haber puesto en marcha una dinámica que consisten en «salvar a los bancos y hundir la economía». Pero se muestra dispuesto a hablar sobre una reforma fiscal, sobre medidas de lucha contra el fraude y sobre la posición española frente a Europa.

La coincidencia en que no se da el clima para un diálogo serio es, en todo caso, bastante unánime. «Es el Gobierno el que tiene que tomar la iniciativa y no lo está haciendo», subraya el número dos de los nacionalistas vascos en el Congreso, Aitor Esteban. Lo urgente parece relegar lo prioritario.