El exconsejero de Empleo se enroca en la legalidad de la actuación de la Junta

Choque de trenes. Así definían el sábado algunos abogados el tenso interrogatorio al que fue sometido el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández por parte de la jueza que investiga el supuesto fraude de los ERE. El exalto cargo no se movió ni un ápice de su postura: el procedimiento era legal y, como tal, era conocido por todos porque no había ningún problema. Mercedes Alaya, sin embargo, intentó volver una y otra vez sobre el grado de conocimiento que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tenía sobre el sistema de ayudas irregulares, haciendo hincapié por ejemplo en las prejubilaciones de una mina de Huelva que llevaba 16 años cerrada.

Voces altas

Como el día anterior, las voces de una y otro se han podido escuchar más allá de la sala de vistas, reflejo del pulso que ambos están manteniendo. «Le digo, lo afirmo y le repito», llegó a decirle Fernández a la magistrada, que insatisfecha con sus respuestas conminó al exconsejero -imputado por hasta seis delitos- a que «no se andara por las ramas» y que, si quería, se acogiera a su derecho a no declarar. «Parece que está deshojando una margarita», ironizó sobre sus contestaciones, «asuma al menos su responsabilidad como consejero», le reclamó, para que reconociera su conocimiento sobre el daño a las arcas públicas.

Fernández, que fue consejero de Empleo entre 2004 y 2010, aunque previamente había sido también viceconsejero y presidente del IFA -el organismo que suscribió el convenio marco que amparaba las ayudas supuestamente irregulares-, volvió a repetir que no existió ningún criterio jurídico que cuestionase el nuevo sistema de ayudas. De hecho, cuando la Intervención General expresó sus reparos, según relató el exconsejero, la Junta ofreció sus alegaciones y la Intervención se «aquietó», es decir, se quedó satisfecha y no impidió que se siguieran llevando a cabo.

Intrusos

A diversas preguntas de la jueza, según explicaron fuentes judiciales, rechazó conocer que hubiera «intrusos» en algunos de los expedientes de regulación de empleo sufragados con dinero público. En concreto, Fernández aseguró no tener noticia de una carta remitida por un delegado provincial de su consejería informándole de este punto, según le dijo a la jueza, al tiempo que justificó que si se llegaron a dar ayudas a personas que ya no trabajaban para alguna empresa sería porque cumplían los requisitos establecidos. En este sentido, aunque no había un protocolo por escrito para las concesiones sí había instrucciones verbales, como que se otorgaran en zonas deprimidas de la comunidad, con un alto nivel de paro y difícil inserción laboral.

Parte del interrogatorio se centró en las ayudas concedidas a la zona minera de la Franja Pirítica (Huelva) o la Sierra Norte de Sevilla, comarca de procedencia del exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, que recibió cuantiosas subvenciones. Entre otras, la instructora citó unas ayudas por valor de 29 millones concedidas a dos empresas «pantalla» o sin actividad propiedad un grupo empresarial sevillano cuyos responsables también están implicados en la causa. Fernández señaló en este punto que esas ayudas eran compromisos de su antecesor en el cargo, el exidirigente socialista José Antonio Viera. Y remarcó que su viceconsejero, Juan Márquez, también imputado, paralizó diversas ayudas a este grupo precisamente porque las empresas estaban vacías de contenido.