Las comunidades podrán incrementar hasta un 66% las tasas universitarias

La ola de recortes para paliar el déficit de las comunidades universitarias golpeó ayer en la línea de flotación a la universidad pública. El decreto ley que aprobará hoy el Gobierno central otorgará potestad a las comunidades autónomas para incrementar las tasas de matriculación universitaria hasta un 66%. Actualmente, cada estudiante paga un 15% del coste real de su formación y el 85% restante corre a cargo del presupuesto público. A partir del próximo año, los ejecutivos podrán elevar ese porcentaje hasta un 25%, lo que de media, según los cálculos de Educación, supondrá 540 euros más por curso para cada estudiante. Las tasas universitarias varían actualmente entre los 700 y los 1.400 euros dependiendo de la región y la carrera que se estudie. A mayor cantidad, mayor será por tanto el incremento. Además, en el caso de los repetidores la cuantía aumentará de un 30% a un 40% del coste del curso para la segunda matrícula de una misma asignatura, del 65% al 75% para la tercera y del 90% al 100% en el caso de la cuarta.

El ministro del ramo, José Ignacio Wert, informó ayer de esta y otras medidas a los consejeros de Educación de las comunidades autónomas -«solo nos informó, no nos consultó», se quejó el secretario general de Universidades andaluz, Francisco Triguero-. El objetivo es, según les explicó Wert, dotar a las regiones de una serie de herramientas legislativas que les permitan ahorrar alcanzar el objetivo de reducir el déficit público al 1,5% de su PIB a finales de 2012. «Ofrecemos un abanico de posibilidades y serán las comunidades, dependiendo de la situación por la que estén atravesando, las que decidirán cómo implementar las opciones que les estamos poniendo sobre la mesa», indicó la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, quien fue la encargada de explicar los pormenores de la reforma a los medios de comunicación.

De momento, el País Vasco ya ha anunciado que no subirá las matriculas, mientras que Andalucía ha vinculado cualquier tipo de incremento a que vaya acompañado de un mayor número de becas «en defensa de la equidad en la educación».

«El dinero que se recaude de más corresponderá a las propias universidades, pero al contar con mayor financiación las comunidades podrán rebajar su asignación en los presupuestos», explicó la secretaria de Estado. Gomendio también insistió en que no se reducirán las becas. En aquellas que cubra el 100% del importe de la formación del estudiante, el incremento de la tasa correrá a cargo de su autonomía.

Docencia o investigación

La reforma también afectará al profesorado. El Ministerio pretende marcar una línea fija entre docencia e investigación. Aquellos profesores que acrediten sus horas dedicadas a la investigación durante los últimos seis años verán recortadas sus horas lectivas. Para los que no lo hagan el camino será el inverso y se les impondrá una mayor presencia en las aulas. «Deberán elegir a que prefieren dedicarse», apuntó Gomendio. Según los datos aportados por Educación, el 50% de los docentes con condición de funcionario no se dedica a labores de investigación.

Otro de los puntos del decreto ley contempla un mayor control sobre las universidades por parte de los Ejecutivos autónomos. En concreto, se pretende que en situaciones de déficit los órganos rectores de las instituciones no puedan incrementar su gasto, obligando con ellos a un mayor esfuerzo de las arcas públicas para su mantenimiento. Igualmente, las comunidades podrán frenar los concursos de empleo si no los consideran convenientes.

El último vértice de la reforma obliga a un proceso de diálogo entre todas las partes que fije unos requisitos mínimos que deban cumplir las universidades, y que van desde recursos a número de alumnos por titulación. Según Gomendio, existe un número muy elevado de universidades y campus, pero sobre todo de titulaciones» por lo que incidió en la necesidad de profundizar en la eficiencia y la viabilidad.

«Muchas comunidades autónomas nos habían solicitado que diéramos este paso», justificó la secretario de Estado, que tal y como dijo el ministro el lunes, este decreto ley no es la reforma educativa, que aún está por llegar.