El presidente de RTVE podrá ser designado sin consenso

El Gobierno ha aprobado un decreto ley que permitirá que el Congreso de los Diputados nombre al presidente de RTVE por mayoría absoluta, y no por dos tercios. El PP podrá así recurrir a su mayoría absoluta para elegir al presidente de la Corporación si no llega a un consenso con otros partidos y, en concreto, con el principal grupo de la oposición (PSOE).

La oposición socialista ha considerado que con esta decisión el Ejecutivo rompe el consenso que ha marcado a la Corporación RTVE desde su creación en la pasada legislatura, ha calificado la decisión de "golpe de mano" y ha anunciado un posible recurso al Tribunal Constitucional.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que el decreto resolverá el bloqueo que sufre la Corporación, que impide "presentar las cuentas anuales y los presupuestos para el presente ejercicio". Sáenz de Santamaría se ha comprometido a seguir buscando el acuerdo y ha defendido que se mantiene el carácter parlamentario del nombramiento.

La ministra portavoz ha anunciado además que el número de consejeros de la Corporación se reducirá de 12 a 9 y que no tendrán dedicación exclusiva, ni asignación salarial, salvo lo que perciban en concepto de dietas por asistir a las reuniones. La única excepción la constituirá el propio presidente de la Corporación, ha informado Sáenz de Santamaría, quien ha recordado que el sueldo de cada uno de los consejeros ascendía a 110.000 euros anuales.

Sáenz de Santamaría ha anunciado también la liberalización de las televisiones autonómicas. De esta forma, serán las Comunidades Autónomas las que decidan si cuentan con televisión local o si optan por sacarla a subasta pública.

Sanidad

La aprobación del decreto ley sobre RTVE ha sido una de las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros de este viernes, que ha servido también para aprobar las medidas con las que el Gobierno pretender recortar 10.000 millones de euros en sanidad y educación.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha justificado los "sacrificios" que conlleva la reforma sanitaria aprobada por el Gobierno aduciendo que permitirán a este servicio público "salir de este tiempo de crisis económica" y permanecer "en el futuro".

El recorte de 7.000 millones de euros en gasto sanitario tiene el objetivo de garantizar la "sostenibilidad" y "universalidad" de la Sanidad pública y, al mismo tiempo, poner fin a los "abusos" en sus prestaciones. Entre las medidas aprobadas destaca el 'copago' farmacéutico en función de la renta de los ciudadanos, incluidos los pensionistas que, con carácter general, pagarán el 10% del precio de las medicinas con un tope de entre 8 y 18 euros, y del que estarán exentos los titulares de pensiones no contributivas y los parados sin prestación.

Mato ha señalado que además de garantizar la universalidad de la Sanidad para "todos los españoles" es necesario poner coto a la utilización "ilegal" e "indebida" que hacen algunos extranjeros de este servicio. En este sentido, anunciado que el Gobierno modificará la Ley de Extranjería, de modo que se exigirá como requisito a los inmigrantes que además de estar empadronados coticen a la Seguridad Social, al igual que cualquier ciudadano español para recibir esta asistencia.

La reforma incluye el control del denominado "turismo sanitario" y "fraudulento", mediante la adaptación de una normativa europea que subsanará un error por el que no se pudo facturar a su país de origen la atención de unos 700.000 extranjeros al año, lo que ocasionó un gasto anual de 917 millones de euros. Para ello, se añadirá un artículo que faltaba en la trasposición de esta directiva, que impedirá el traslado a España con motivos exclusivamente sanitarios de los ciudadanos comunitarios. La titular de Sanidad ha anunciado que se van a revisar algunos convenios internacionales en esta materia, ya que "muchos" países no reintegran el dinero que deben a España por la atención sanitaria a sus ciudadanos. Todas estas medidas, ha apuntado la ministra, conllevarán un ahorro de más de 1.000 millones de euros si se controlan los abusos de los pacientes europeos y de otros 500 si se evita que los inmigrantes traigan a sus familiares sin derecho a utilizar la Sanidad.

Educación

En materia educativa, el Real Decreto-Ley aprobado, que implica la modificación parcial de las leyes orgánicas de Educación y de Universidades, establece que las universidades estarán sometidas a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de tal forma que serán sancionadas por las comunidades autónomas si incumplen los límites de gasto y equilibrio financiero, tanto en la redacción como en la ejecución de sus cuentas. En la enseñanza no universitaria, el aumento en un 20% de los máximos de alumnos por aula se mantendrá mientras que el límite estatal de la tasa de reposición de funcionarios docentes será inferior al 50% de las vacantes.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha subrayado que la legislación básica estatal establecida ofrece a las comunidades la "máxima flexibilidad" en una serie de posibilidades para que actúen según sus necesidades de consolidación fiscal, manteniendo el "principio riguroso de la equidad". El fin es que puedan bajar a la mitad el déficit público autonómico, fijado en 2012 en el 1,5%. Se trata de "ajustar el estado del bienestar a las posibilidades de sostenerlo económicamente", ha indicado. "Ésta no es la reforma educativa del Gobierno (...), pero sí -ha querido precisar- la condición previa y necesaria para ella", que se presentará previsiblemente en esta primera parte de la legislatura.

Conflicto por YPF

Con respecto al conflicto por YPF, el Gobierno ha acordado restringir las importaciones de biocombustible procedente de Argentina. Es la primera medida de respuesta a la expropiación de la petrolera a Repsol decretada por la presidenta argentina, Cristina Fernández. La medida, recogida en una orden ministerial del departamento de Industria y Energía que se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), busca incentivar la producción de biocarburante en los centros de refinado que hay en España, reduciendo de paso las importaciones argentinas. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha querido dar pistas de cuáles podrían ser los próximos pasos para responder a la expropiación y ha dicho que no anunciará acciones hasta que estas tengan "una concreción".

Las radios podrán entrar en los estadios sin pagar un canon

La vicepresidenta se ha pronunciado también sobre el conflicto entre la Liga de Fútbol Profesional y las emisoras de radio. Ha corroborado el derecho que las emisoras tienen a entrar en los estadios de fútbol para informar en directo sin necesidad de pagar un canon y ha precisado que únicamente deberán abonar los gastos que suponga la entrada y el uso de determinadas instalaciones.