La juez Alaya considera a Antonio Fernández el autor del «sistema operativo» de los ERE

La juez que investiga los ERE irregulares ha imputado hoy seis delitos al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, al que ha definido como autor intelectual, entre otros, del «sistema operativo» de las ayudas investigadas.

La juez Mercedes Alaya ha leído durante una hora y media el relato de hechos que imputa a Fernández y ha enumerado cuatro delitos continuados: negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación; Además le ha imputado delitos simples de cohecho y falsedad en documento.

La juez ha señalado a Fernández como ideólogo del convenio firmado en 2001 para canalizar las ayudas y ha afirmado que todas ellas son nulas de pleno derecho por vulneración del artículo 39 de la Ley de Hacienda Pública de Andalucía al carecer de cobertura presupuestaria.

Abogados personados en la causa han informado en un receso de que la juez ha sugerido que Fernández llegó a renunciar a una ayuda de 400.000 euros en la bodega González Byass cuando ya estaba en marcha este procedimiento judicial.

Según el relato de la juez, Fernández tuvo que conocer las irregularidades de las ayudas, que se daban de forma arbitraria y sin control, y ni siquiera se crearon las obligadas Comisiones de Seguimiento.

Ha citado que Fernández vulneró la Ley de Incompatibilidades al ser diputado andaluz y presidente del consejo regulador del Jerez y que pudo conceder ayudas a empresas de esa zona por ser su localidad de nacimiento

A su llegada a los juzgados a las 10.25 horas, acompañado por su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, y ante las preguntas de los numerosos medios de comunicación que le aguardaban, Fernández ha señalado que se encuentra «muy bien» y que tiene previsto responder a las preguntas que le formule la magistrada.

«Voy a contestar a todo, creo que a todo», ha subrayado Antonio Fernández , que ha comenzado ya su declaración en una sala de vistas del edificio judicial y no en el despacho de la propia juez debido a que la sala es más amplia para dar cabida a los 27 abogados que han asistido a la comparecencia.

Fernández es el segundo alto cargo de la Junta que presta declaración ante la juez Alaya tras el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, en prisión desde el pasado día 10 de marzo y que, en su comparecencia, aseguró que el exconsejero se «comprometió» a otorgar tres ayudas por un valor total de tres millones de euros a las empresas de Angel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.