La deuda de las regiones superaba los 45.000 millones en 2007

El endeudamiento financiero registrado por las Administraciones generales ascendía al cierre de 2007, antes de la crisis, a 45.470,05 millones de euros, un 3,7% superior al de 2006 (43.858,97 millones). Entre las autonomías más endeudadas figura Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, que acumulaban el 58,6% de la deuda.

Los mayores incrementos interanuales se produjeron en La Rioja (39,4%), Cataluña (13,5%) y Castilla-La Mancha (9,5%), mientras que el mayor descenso se registró en el País Vasco (41,8%). Así se recoge en el último informe del Tribunal de Cuentas sobre el sector público autonómico, correspondiente , que acaba de remitirse al Parlamento.

En 2007 se mantenía también la situación deficitaria del sector empresarial autonómico, con pérdidas que para el conjunto de las comunidades alcanzaban los 3.516,19 millones de euros, lo que a su vez motivó la creciente concesión de subvenciones y ayudas públicas y, además, el afianzamiento del endeudamiento financiero de las sociedades participadas.

El endeudamiento financiero de las empresas públicas autonómicas ascendía en 2007 a 11.841,05 millones, y todo ello sin incluir los datos correspondientes a las sociedades de Madrid y el País Vasco. La deuda de las autonomías y sus empresas ascendía a 57.311,10 millones de euros en 2007, siempre con la ausencia de información de esas dos comunidades.

Al igual que el sector empresarial, las fundaciones públicas autonómicas presentaban en ese año previo a la crisis un resultado negativo de 170,95 millones de euros, con una deuda de 123,58 millones. A pesar de su incremento durante los últimos años, esas fundaciones adolecen de la falta de un marco jurídico completo dentro del sector público autonómico, en particular a la hora de rendir cuentas.

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas denuncia que el «notable» número de entes públicos autonómicos (empresas públicas, fundaciones y consorcios), así como su incremento en los últimos ejercicios, «requiere una mayor exigencia tanto para justificar la creación de nuevas entidades como para garantizar una mayor eficacia, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos». Y es que, según destaca, «se observa la existencia de entidades públicas cuyo objeto social coincide parcialmente con otras de nueva creación o con algunas que carecen de actividad».

La institución dirigida por Manuel Núñez advierte también de que las Administraciones públicas conceden ayudas con bases reguladoras incompletas, lo que en determinados casos supone que no existan criterios objetivos para evaluar las solicitudes presentadas.

En otras ocasiones no se justifica suficientemente su concesión, prescindiendo de los principios de publicidad y concurrencia, ni se argumenta la utilización del procedimiento de adjudicación directa en subvenciones no nominativas.