La Fiscalía investiga los sueldos de directivos de las cajas de Castilla y León

Las fiscalías provinciales de Segovia, Soria y León investigan presuntas irregularidades en los sueldos, indemnizaciones, prejubilaciones y créditos otorgados a consejeros y personal directivo de las desaparecidas Caja España, Caja Duero y Caja Segovia, ahora fusionadas en otras entidades. La Fiscalía ha ordenado estas investigaciones a raíz de una denuncia presentada por Izquierda Unida en noviembre de 2011.

En su denuncia, Izquierda Unida aludía a la concesión de créditos de escasa solvencia o en condiciones más ventajosas o que hubieran sido denegados a otras personas o empresas. IU también denunciaba prejubilaciones millonarias para directivos en «condiciones mucho más favorables» que la del resto de trabajadores que podrían no haber cumplido lo establecido en los convenios colectivos o en la normativa de cada entidad.

En un primer momento, el fiscal superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, decidió trasladar la denuncia a la Fiscalía General del Estado al entender que correspondía a la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, la Fiscalía General devolvió el asunto con la indicación de que la competencia corresponde a las fiscalías provinciales porque no hay elemento de conexión entre las distintas cajas de ahorro para hacer una tramitación conjunta.

El fiscal superior de Castilla y León, Manuel Martin Granizo, indicó que entre las supuestas conductas irregulares investigadas podrían incluirse delitos societarios y contra el patrimonio.

La Junta de Castilla y León señaló que «hay que dejar que la Justicia y las fiscalías actúen» en su investigación de presuntas irregularidades de las que se podrían haber beneficiado directivos de Caja Duero, Caja España y Caja Segovia. El portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, expresó el «máximo respeto» del Ejecutivo por estas actuaciones.

Créditos y avales

Entre los casos a los que se refería Izquierda Unida en su denuncia se encuentra una serie de créditos y avales concedidos al consejero de Caja Duero Francisco Rubio por más de 27 millones de euros, incluyendo un préstamo de 13 millones a una de sus empresas.

También se refirió a los préstamos concedidos por Caja España entre los años 2006 y 2009, entre otros a uno de sus directivos, Santos Llamas, con préstamos de 17,6 millones a empresas relacionadas y un préstamo hipotecario de 15,2 millones de euros.

La denuncia del partido político también hacía alusión a los cerca de 6 millones de euros que Caja Segovia abonó a su exdirector general, Manuel Escribano, en concepto de prejubilación.