Los pensionistas gaditanos pagarán más de 23 millones al año por sus medicamentos

Los medicamentos gratis para los pensionistas pasaron a la historia, como el cheque bebé o la ayuda al alquiler. Del copago farmacéutico solo se librarán los parados de larga duración y los que tienen menos recursos, todos los demás tendrán que pasar por caja. Los beneficiarios de pagas contributivas, desde jubilación a viudedad, abonarán su parte en función de la renta para contribuir al ahorro. Con esta medida el Gobierno pretende reducir 7.000 millones de euros para cumplir el objetivo de déficit, de los que unos 23 procederán de la provincia.

La cuenta es sencilla. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) desembolsó en torno a 300 millones de euros en 2010 para hacerle frente al gasto farmacéutico, según recoge la última Memoria Anual de la Consejería. De ellos, 233 millones correspondieron a los pensionistas, que tendrán que aportar el 10% de ese montante. De ahí salen los 23,3 millones. Y en el caso de los jubilados la factura será de las más altas.

La medida planteada por la ministra Ana Mato contempla el copago en función de la renta, de tal forma que los que reciban menos pensión abonarán hasta ocho euros al mes, mientras que los que cuenten con pagas generosas -por encima de 18.000 euros anuales- tendrán el límite hasta los 18 euros. Muchos de los que disfrutan del retiro laboral en la provincia habría que encuadrarlos en este segundo grupo, ya que disfrutan de prestaciones más elevadas, con una media de unos 900 euros, según los datos de la Seguridad Social.

La subida afecta también al resto de los usuarios, a excepción de los que cuentan con menos recursos. El gasto en medicamentos del resto del colectivo supone 67 millones para el SAS que hasta ahora venía asumiendo el 60% del total de las recetas, pero el Ministerio también pretende bajar esa proporción para que los que ganan menos de 100.000 euros anuales abonen hasta el 50% de los medicamentos y los que exceden esa renta lleguen hasta el 60%. De esta manera se podrían ahorrar entre seis y siete millones al año en el caso de la provincia.

Y para no dejar más tiempo a la polémica, el Consejo de Ministros dará hoy luz verde a este decreto que entrará en vigor en un plazo muy breve, junto al recorte en educación con el que prevén ahorrar otros 3.000 millones.

Tarjeta sanitaria

Según avanzó ayer Ana Mato, el control del pago que corresponde a cada usuario se podría hacer a través de la tarjeta sanitaria, ampliamente desarrollada en Andalucía a través del sistema Diraya. Otras comunidades tendrán que implantarlo con prisas para poder aplicar el nuevo modelo.

La ministra incidió, en Onda Cero, en que su departamento y las comunidades habían optado por la opción de copago más simplificada: los que no tienen obligación legal de declarar la renta y los que estarían por encima de 18.000 euros. «Esto permite que se crucen con mucha facilidad los datos de la Seguridad Social con los de Hacienda y que se pueda aplicar directamente a las recetas. Administrativamente es muy sencillo de hacer.

La simplificación está asegurada», apuntó Mato. Sin embargo, los consumidores no comparten el optimismo de la titular de Sanidad. Facua tiene muchas dudas sobre si en realidad va a ser tan fácil este intercambio de datos entre Hacienda y las comunidades. «Además, hay muchos datos que faltan, como el coste», apuntó la secretaria general de la organización, Olga Ruiz.

Y los mayores detractores del decreto han sido los propios jubilados, que lo consideran un «incumplimiento de las promesas electorales». Así lo manifestó la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Unión Sindical Obrera (AJUPE-USO) considera que ven en la medida la «antesala» de la imposición de un copago sanitario o por consulta.

«Aunque lo nieguen está a punto de caer próximamente», aseguró ayer a Europa Press el presidente de esta entidad, Carles Solas, que consideró «altamente demagógico» que a los jubilados se les aumente el 10% y a los que ganan más de 100.000 euros se les suban el 20% (pasando de pagar un 40 a un 60%) cuando «la diferencia de ingresos es abismal».