Los pensionistas pagarán hasta 18 euros al mes por los fármacos

El Gobierno Mariano Rajoy lleva días avisando de las impopulares medidas que tendría que adoptar el Gobierno para cumplir con el ahorro adicional de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación que anunció la semana pasada. Ana Mato ha tomado hoy el relevo de José Ignacio Wert y ha comparecido tras el Consejo Interterritorial de Salud y ha dado cuenta de los acuerdos alcanzados para conseguir cuadrar las cuentas. "No va a haber ningún tipo de copago sanitario", ha afirmado la responsable del ministerio que ha añadido "que con esto se da tranquilidad a los españoles que en los últimos tiempos han oído que la sanidad en España iba a dejar de ser gratuíta, universal y de calidad".

El acuerdo alcanzado con las Comunidades se basa en seis puntos relativos al Sistema Nacional de Salud. "Hemos universalizado el sistema y ahora los españoles tienen derecho a asistencia sanitaria", ha continuado Mato quien se ha mostrado especialmente contundente con el turismo sanitario, en el punto de mira del Ejecutivo desde hace semana. "Hemos acabado con el turismo sanitario. Vamos a incorporar un artículo al derecho español que prohíbe de forma explícita en busca de atención sanitaria", ha anunciado.

Lo que pocos podían imaginar es que el nuevo tijeretazo afectaría de lleno a los pensionistas, que hasta ahora se habían quedado al margen de los severos ajustes puestos en marcha por Rajoy. El presidente, por lo tanto, pisa sin contemplaciones su última línea roja al proponer a las comunidades autónomas la necesidad de que todos los jubilados paguen al menos el 10% del precio de sus medicamentos, que podría ser hasta el 20% en el caso de las pensiones más altas. Esto supondrá que las pensiones no contributivas, hasta 18.000 euros, pagarán hasta un máximo de 8 euros al mes, un límite que en el caso de las pensiones superiores será de 18 euros.

No serán los únicos perjudicados. Los ciudadanos activos tendrán que abonar el 50% del precio de los fármacos y no el 40%, como venían haciendo hasta ahora. En el caso de aquellos que tengan rentas superiores a los 100.000 euros anuales. Quedarán fuera de este plan, los parados de larga duración y las pensiones no contributivas. En el caso de los enfermos crónicos la "situación se mantendrá exactamente igual que ahora".

"Estas medidas no se hacen para recaudar, no hemos puesto el pago por receta", ha asegurado Ana Mato. La ministra ha dicho que se trata de "buscar un efecto disuasorio" en el uso de la sanidad y los medicamentos. "No se han producido recortes, sino una reordenación de recursos",

Central de compras y tarjeta sanitaria única

La ministra de Sanidad ha informado además de que se creara una central de compras única de medicamentos. Una medida "que ya se ha usado para las vacunas de la gripe y que nos ha permitido ahorrar 6 millones de euros". Mato afirmado que también se pondrá en funcionamiento una tarjeta sanitaria única para todo el Estado. Se pondrá en marcha una tarjeta sanitaria única para todo el Estado, con la que no hará falta ir al médico "a renovar las recetas" y el "historial médico será también compartido" con lo que se "evitará repetir todas las pruebas cuando un paciente cambie" de doctor.

El objetivo es recortar 7.000 millones en Sanidad y el cálculo del Ejecutivo popular es que unos 3.700 podrían salir del gasto farmacéutico. Una iniciativa que saldrá adelanta gracias a la mayoría casi aplastante que posee el PP en este órgano donde están representadas todas las comunidades autónomas. El Gobierno tiene previsto aprobar este ajuste en el próximo Consejo de Ministros, según ha informaron fuentes del PP en Ciudad de México la pasada madrugada. Este portavoz ha agregado que el futuro del actual sistema público de salud dependen, en buena parte, de este proyecto de ahorro que, a su juicio, frenará los abusos que los ciudadanos hacen de los medicamentos gratuitos.

Todas estas medidas suponen que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, no estaba expresando una opinión personal --tal y como aseguró el vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano-- cuando avanzó que los ciudadanos deberían pagar las medicinas en relación a su capacidad adquisitiva, sino que era un plan preestablecido por el propio Gobierno.