Firmeza y mesura

La decisión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar el 51% de YPF merece el más firme reproche por la arbitrariedad de una medida que no puede ser argumentada en virtud del interés público de los argentinos y ha seguido un procedimiento más propio de una confiscación autoritaria de bienes que de una expropiación legal. Pero los calificativos que merece el paso dado por la presidenta Fernández de Kirchner desde el punto de vista de las relaciones económicas y políticas en un mundo global y la convicción generalizada de que difícilmente podría responder a los intereses de aquel país tampoco facilitan un desenlace justo y a corto plazo del conflicto. Las demandas judicial y arbitral que puede llevar adelante Repsol cuentan con sólidas razones jurídicas para lograr la compensación requerida según el acuerdo de protección de inversiones que vincula a ambos países desde 1991. Pero es presumible que el litigio se dilate en el tiempo, entre otras causas porque Argentina carece de disponibilidad económica para acortarlo respondiendo positivamente a las exigencias de la compañía española. Por otra parte, y aunque la medida está siendo objeto de una crítica verbal prácticamente unánime en las instancias internacionales, suspendiéndose el encuentro previsto entre la UE y Argentina, los distintos Gobiernos tratan de preservar sus intereses en la región por temor a que una escalada populista pudiera afectar también a otras inversiones. Si el Ejecutivo español no pudo disuadir al argentino de adoptar una medida tan drástica y unilateral durante el tiempo en el que estuvo amagando con la expropiación y devaluando YPF, es poco probable que la presión diplomática sea capaz ahora de hacer rectificar a Cristina Fernández. La Casa Rosada ha procedido a una utilización abusiva del principio de soberanía. Pero la negativa a aceptar su política de hechos consumados tampoco puede acabar alimentando una espiral de despropósitos que afecte a más intereses que a los de Repsol y complique a esta compañía la realización efectiva de sus derechos. El presidente Rajoy mostró ante el Foro Económico Mundial sobre América Latina el modo firme pero mesurado con el que el Gobierno debe secundar a Repsol.