Más estudiantes por aula para ahorrar

La crisis golpea de lleno la educación pública. El ministro del ramo, José Ignacio Wert, explicó ayer a los consejeros de las comunidades autónomas las medidas que se podrá en marcha para recortar los 3.000 millones de euros anunciados la semana pasada por el Gobierno central, y que vienen a sumarse a los casi 4.000 millones en los que ya se había visto reducido el dinero destinado a Educación en los dos últimos Presupuestos del Estado.

Entre las medidas que se llevarán a cabo para reducir gastos, Wert contempla un aumento del 20% en el número de alumnos por aula en los colegios públicos. De esta forma, en Primaria las clases podrán pasar a contar con hasta 30 estudiantes, por los 35 a los que se amplían en Secundaria. Según el ministro, se trata de una medida «coyuntural» de cara a superar los efectos de la crisis.

Wert también anunció que las bajas del profesorado que no excedan las dos semanas no serán cubiertas, y serán los propios centros educativos los que deban solventar estas ausencias con sus propios recursos. Igualmente, se incrementa el número de horas lectivas mínimas a la semana a impartir por los profesores, que pasan a ser 25 en Primaria y 20 secundaria, por las 25 máximas que había antes en primaria y las 21 de Secundaria. En cuanto a la retribución de los docentes, se elimina la posibilidad de crear nuevos complementos retributivos. Otra propuesta consiste en el aplazamiento de nuevos módulos de Formación Profesional media y superior de 2.000 horas hasta el curso 2014-2015.

El Gobierno pretende aprobar el nuevo decreto ley en el Consejo de Ministros del próximo viernes. Al respecto, el titular de Educación insistió en que, teniendo en cuenta las circunstancias de cada autonomía, mostrará flexibilidad de cara a asegurar la calidad de la enseñanza, aunque el objetivo principal es lograr que el déficit de las regiones no supere el 1,5% en 2012. También apuntó que estos recortes no suponen una reforma en sí, sino que únicamente vienen a allanar el camino para una futura reforma del Ejecutivo que garantice la sostenibilidad de la enseñanza pública. «Hay que poner a salvo la educación, cuyos cimientos se tambaleaban por la política anterior», justificó Wert. Los principales afectados por el decreto serán los profesores interinos que ante la falta de plazas verán cómo no se les renuevan los contratos.

Críticas desde la oposición

Mientras los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el PP aplaudieron las propuestas lanzadas por el ministro de Educación, Cataluña, País Vasco, Canarias y Andalucía se desmarcaron asegurando que invaden competencias propias y suponen un serio golpe para la educación pública. Irene Rigau, consejera del ramo catalana, utilizó la ironía para describir lo tratado durante la reunión de ayer: «Vamos a pasar del café para todos al café descafeinado para todos». Según ella, las comunidades no han podido participar en las propuestas, sino que han sido culpabilizadas del déficit y obligadas a aceptar las medidas del Gobierno central. Defendió, además, que las medidas relacionadas con los horarios de los profesores, su sustitución y los complementos salariales invaden «clarísimamente» competencias de los ejecutivos regionales. La socialista y consejera vasca Isabel Celaá criticó un recorte del gasto que solo tiene el ahorro como objetivo «y no la eficiencia que ha defendido el ministro». Al igual que su homóloga catalana, anunció que desde el País Vasco se estudiarán jurídicamente las propuestas para comprobar si invaden o sobrepasan las competencias del Ministerio.

Más dura fue aún la valoración realizada desde Andalucía. «Tocan los cimientos del sistema constitucional», afirmó su consejero de Educación en funciones, Francisco Álvarez de la Chica. «No aceptaremos así porque sí despedir a profesores de matemáticas, de lengua o de inglés antes que a profesores de religión», añadió el político socialista, para quien «un país que reduce sus gastos el triple en educación que en defensa no puede mirar a los ojos a países de su entorno».