La zona naranja llega con números rojos

Las promesas electorales están para cumplirse. Por defecto, estas deben traer consecuencias positivas para la ciudadanía, al menos con ese fin se plantean. Un ejemplo claro de ello es la implantación de la zona naranja, una medida anunciada por el Partido Popular en plena campaña electoral de las últimas Municipales del mes de mayo que va encaminada a facilitar el aparcamiento en la vía pública a los residentes de determinadas zonas donde el espacio para ello es limitado.

Según se informa desde el Ayuntamiento de Cádiz, la implantación de este nuevo sistema, parecido en su concepto a la zona azul, aunque mucho más barato, es «inminente». En las últimas semanas se estaba ultimando la compra de los equipos necesarios para ponerla en marcha y los técnicos municipales han estado supervisando sobre el terreno la zona donde se pondrá en marcha el proyecto piloto para verificar el buen funcionamiento del sistema, que abarcará desde la plaza de Las Tres Carabelas hasta la plaza de la Hispanidad, en el recorrido paralelo a la verja del muelle. La elección de esta zona está motivada por ser uno de los tramos donde los residentes están más necesitados de espacio para estacionar.

Los vecinos esperan con ansia a que la zona naranja se ponga en marcha. El Ayuntamiento, fiel a su compromiso, se va a encargar de ello. Ahora bien, lo que es una promesa de obligado cumplimiento y un beneficio para los residentes de determinadas zonas de la ciudad puede convertirse en un caramelo envenenado para la administración local. Al menos eso se intuye del informe elaborado por la Empresa Municipal de Aparcamientos (Emasa) para el Plan de Ajuste de la entidad.

En el documento, los responsables de Emasa repasan las condiciones de funcionamiento del nuevo sistema, entre las que destacan la supresión de 500 plazas de zona azul para transformarlas en naranja; la entrada en vigor de la tarifa para residentes consistente en el pago de un euro al día hasta un máximo de cinco días (aunque inicialmente se dijo que serían 3 días); y la necesidad para las personas que hagan uso de la zona naranja de sacarse en el Ayuntamiento la credencial de residentes, que, según la Ordenanza Fiscal en vigor, tiene un precio de 19,41 euros.

Emasa realiza en su informe una previsión de ingresos. En la misma se calcula que habrá unas dos mil personas interesadas en poder usar las 500 plazas de la zona naranja y que, «de forma optimista», por cada una de las plazas se obtendrá un ticket de un euro por vehículo al día (contando los 246 días hábiles del año). La suma del dinero obtenido con la retirada de las tarjetas de residentes por parte de los dos mil interesados (38.820 euros) y del pago del euro diario en las 500 plazas (123.000 euros) suman unos ingresos previstos totales de 161.820 euros.

Hasta ahí, todo correcto. El problema aparece al calcular los gastos que supondrá poner en marcha la zona naranja. En este apartado se hace referencia al lucro cesante derivado de la pérdida de 500 plazas de zona azul para aportarlas a la zona naranja, lo que supone dejar de ingresar 464.060, 15 euros. También se contabiliza el gasto derivado de la adquisición de un nuevo software para controlar todas las matrículas de los residentes y los días que están ocupando la plaza (hay que recordar que no pueden estar más de cinco en un mismo lugar), lo que suponen otros 15.000 euros. Otro aspecto a tener en cuenta es la colocación de cartelería y la pintura de las líneas naranjas, cuyo coste asciende a 3.000 euros. También hay que hacerse con un sistema de lectura de matrículas, que cuesta 50.000 euros. Por último, Emasa prevé el empleo de dos vigilantes en exclusiva, por lo que tendrá que abonar 86.597,04 euros. La suma de todos estos gastos asciende a 618.657,19 euros.

La conclusión del informe es clara: «Tendríamos un déficit de explotación en la zona naranja valorado en 456.837,19 euros, lo cual provocaría una falta de liquidez considerable para Emasa, así como la dependencia del Ayuntamiento, al que habría que facturar el déficit, con lo que se perdería la pretendida autofinanciación deseada para este servicio».