En 2020, todos muertos

El del rubalcatrazo decía a colación con la promulgación de la Ley de 27 de mayo de 2010, por la que se rebajaban los sueldos de los funcionarios y se congelaban las pensiones, que fue clave para evitar el rescate de España. Ahora, ajeno al poder del Estado que no de su partido, vota en contra de una norma exigida por la UE, también la ha demandado la canciller Merkel, como los inversores internacionales, los que nos prestan y que como todo prestamista quiere recuperar lo prestado a su vencimiento. Lo normal, ¿no?

Decía el que se parece a Carpanta «veo lo que haces y oigo lo que hablas». Pero, el que ha manejado el SINTEL a su antojo, el que ha podido conocer nuestras entrañas, por delante y por detrás, no es cosa de compararlo con personajes del comics. Su cinismo y su deslealtad son solo comparables con el «ponga un SINTEL en casa». Así es y así maniobra este macabro hombre de la política española. Ni más ni menos, se trataba con la promulgación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada el pasado jueves, imposibilitar el despilfarro, la falta de transparencia en la gestión, la racionalización de la política económica sobre la base de unos presupuestos que impidan el déficit y posibiliten de esa forma atajar cuanto antes el problema del endeudamiento. Argumenta el que es un buen conocedor del vuelo y caza del faisán, para no dar su apoyo a la Ley, que lo pactado en agosto de 2011 suponía un déficit estructural máximo del 0,4% del PIB y no como ahora se ha aprobado del 0%.

El motivo del por qué se ha modificado el texto, es el cambio operado en Europa en los últimos tiempos y que en consecuencia, las exigencias de la UE son mayores. Tan es así, que la propia UE ha exigido la limitación de las causas por las que el déficit estructural pueda superar el límite del 0%. Hay que advertir, que la Ley aprobada, lo que limita efectivamente es el déficit estructural, esto es, el que es ajeno al ciclo económico, ya que el «déficit» que sí está incardinado y circunscrito al propio devenir del ciclo económico, debe contemplar el funcionamiento natural de ciertos estabilizadores automáticos que van a exigir cierta permisividad en su cuantificación. Además, el Gobierno ha hecho bien en limitar con rotundidad el denominado déficit estructural, dado el despilfarro y la caracterización de manirrotos con la que ha actuado el anterior Gobierno, en los siete años de nefasta gestión política y económica. En el contexto del ciclo económico, el gasto en ningún caso podrá superar el que marque el propio crecimiento económico, siendo ahora absolutamente prioritario, el pago de la deuda. Es cierto que la lucha contra el déficit y el del coste del servicio y pago de la deuda pública asfixian el crecimiento económico en el corto plazo. Pero, para poder seguir pudiendo obtener financiación en los mercados financieros, España debe contar con Leyes como la recién aprobada, lo que en principio posibilitará seguir contando con financiación externa, ya que la disyuntiva es el rescate financiero de nuestro país.

El planteamiento presupuestario para 2012, como la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tiene mucho que ver también con el gran problema que subyace a colación con la «territorialidad» española. Tan es así, que mientras ha habido que aplicar la tijera en infraestructuras, políticas activas de empleo, apoyo a las PYMES, desarrollo industrial, seguridad ciudadana., se invierte el recorte en mayores dotaciones presupuestarias inexplicablemente en gastos de personal, transferencias a las comunidades autónomas, ayuntamientos, cabildos y diputaciones. ¿Y esto por qué? Pues porque el Estado está obligado a tapar los agujeros que generan sin ningún tipo de pudor las otras administraciones territoriales. En el fondo y en la forma no me equivoco si digo que el problema así planteado es un problema atribuible exclusivamente a la política como a los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos, muchos de ellos sin duda, han tenido carta blanca, dinero público a espuertas llenas, lo que además posibilitaba y agrandaba su esfera de poder y de influencias. De ahí que los políticos de las CC.AA. tuvieron como principal objetivo de su gestión política, copiar al Estado en sus respectivos territorios. Ese proceso desembocó en la creación de todo un esperpento de 17 mini Estados a los que no les faltaba ni perejil. Efectivamente, este es uno más de los problemas atribuibles a muchos políticos. Lo mismo que pasó el jueves pasado cuando el PSOE, a cuyo frente se encuentra alguien que solo asistió al hemiciclo para hacer uso de su derecho al voto, pero no estuvo presente en el debate parlamentario, a lo mejor es que no le hace falta, porque sí veía lo que hacía el ponente de la norma y escuchaba lo que el mismo decía, sin estar presente, otra vez el SINTEL. Solo espero que no estuviera entre tanto de caza, en cualquier coto pegando tiros. Aquí todo el mundo dispara, unos al pié, otros al faisán, cuando no es la prima la que se dispara hacia arriba, de igual manera también se dispara la bolsa, solo que esta hacia abajo.

Seamos optimistas, el Rey se restablece, su nieto también, solo falta que España sigua ese camino. La aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera nos lleva al optimismo. La Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, siendo importante y adecuada, inexplicablemente reformada por ZP, no tuvo tan importantes aspiraciones. La actual, determina un importante haz de medidas disciplinarias al servicio de la estabilidad presupuestaria, con medidas preventivas, correctivas y coercitivas, que posibilitará en caso de incumplimiento, el envío por parte del Estado a las demás Administraciones territoriales, de funcionarios cuyas propuestas serán de obligado cumplimiento. Y si existiese resistencia al cumplimiento de lo acordado, o el cumplimiento es insuficiente, aplicación taxativa del artículo 155 de la Constitución, lo que supondrá la intervención de la comunidad autónoma incumplidora y de esa forma cumplir las obligaciones que le sean impuestas de manera forzosa. Sin lugar a dudas es una norma impulsada por políticos. Estos han mostrado el lado más que sensato de la política. Legislar a largo plazo es casi una extravagancia en España. Bienvenida sea. No hacerlo es un síntoma de miopía. «Soraya bis» fundamenta la oposición de su grupo al componente ideológico que subyace en la norma. Será entonces que la ideología tiene problemas oftalmológicos.