Las peligrosas aristas de la amnistía fiscal

Extraordinaria, excepcional y, sobre todo, temporal. Son los calificativos más repetidos por el Gobierno para describir la polémica amnistía fiscal aprobada el 30 de marzo, con la que pretende recuperar 2.500 millones de euros para las arcas del Estado. Para algunos es un mal menor. Para otros, una injusticia. Pragmatismo ante la crítica situación económica, o desesperación para cumplir las exigencias de la UE. Para el Ejecutivo el objetivo está claro: aumentar la recaudación y cuadrar las cuentas para cumplir el déficit del 5,3%. Pero la impopular medida genera dudas sobre su eficacia, legalidad e incluso moralidad. Una iniciativa con peligrosas aristas y más incertidumbres que certezas.

El plan del Gobierno consiste en aflorar 25.000 millones en dinero negro, escondido tanto dentro como fuera de las fronteras. Propone que los evasores regularicen sus rentas a cambio de un 10% de la cantidad defraudada. En el caso de las empresas, tendrán que pagar un 8% por repatriar sus dividendos depositados en paraísos fiscales, medida que de tener éxito debería hacer aflorar otros 9.300 millones. Todo ello sin ningún tipo de coste penal. Quienes quieran acogerse a la amnistía tendrán que solicitarlo antes del 30 de noviembre.

Para el profesor de derecho de Esade Eduardo Berché, el objetivo del Gobierno no es ambicioso, sino muy razonable. Solo supone una décima parte del dinero oculto en España. Sin embargo, no está convencido de que se logren alcanzar los 2.500 millones. «En las amnistías hay una clara correlación entre el tiempo de prescripción del delito, el tipo del gravamen y el porcentaje de recaudación», explica. Este experto considera que el gravamen debería ser progresivo en función del tiempo que le falte al defraudador para que prescriba su delito fiscal. Con el sistema actual, a algunos evasores les sale más rentable esperar unos meses a que el delito ya no sea punible antes que pagar un 10% por regularizarlo.

En otros países la suerte ha sido dispar en función del tipo de gravamen. En Alemania, en 2003, la tasa por sacar a la luz el dinero evadido fue del 25%. El objetivo era recuperar 20.000 millones ocultos e ingresar 5.000. Pero fue un fracaso, pues la recaudación solo alcanzó 900 millones. En Italia las amnistías tienen más tradición. El Gobierno de Silvio Berlusconi recuperó para las arcas públicas 6.850 millones en la última, con un tipo de entre el 5% y el 7%. Reino Unido, Portugal o Bélgica también llevaron a cabo procesos similares en el pasado sin demasiado éxito.

El profesor Berché explica que, en realidad, la penalización sería superior. Los delitos fiscales prescriben a los cinco años. Es decir, que la amnistía sólo se podría aplicar a partir de 2007. En ese año estaba vigente el Impuesto de Patrimonio, que seguramente tendrían que pagar los defraudadores al superar el límite exento. Y el tipo para ese tributo es de un 2,5%.

El riesgo viene marcado por los dos precedentes en España: las amnistías de 1984 y 1991, que también iban a ser las últimas y no cumplieron las expectativas. En la amnistía de 1984, el ministro de Economía de entonces, el socialista Miguel Boyer, propuso regularizar el dinero oculto a través de la compra de pagarés del Tesoro Púbico. Al tiempo, anunció un endurecimiento de la legislación contra los evasores, en una época en la que el delito fiscal apenas se perseguía.

En 1991 la fórmula escogida por el ministerio dirigido por Carlos Solchaga fue distinta. Las regularizaciones se realizaron a través de la compra de títulos de deuda pública especiales y con un interés más bajo (2%) que el de mercado. Entonces, la recaudación alcanzó los 4.800 millones. Sin embargo, esa cifra no fue suficiente para evitar una posterior subida del IVA.

Hace un año el PP rechazaba cualquier perdón a los defraudadores. Pero la crisis aprieta. El Gobierno reconoce que la medida no le gusta y evita pronunciar la palabra maldita. «No es una amnistía fiscal, sino un gravamen sobre activos ocultos», explicó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su aprobación en el Congreso.