Fernández declara de interés público y sujeto a expropiación el 51% de la filial de Repsol./ Reuters
CRISIS en REPSOL

Argentina rompe las reglas

El Gobierno de Kirchner anuncia la nacionalización de YPF, tras más de cuatro meses de conflicto con la compañía que preside Brufau

MADRID Actualizado: Guardar
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Cristina Fernández ha consumado entre la euforia popular el desmán que todos temíamos: envió al parlamento un proyecto de ley titulado 'De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina' que declara “de interés publico nacional y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos” para lo cual considera de “utilidad pública y sujeto a expropiación” del 51% de YPF Sociedad Anónima, de la que Repsol posee el 53,47%. Para resolver la disputa abierta entre el Gobierno federal y las provincias por el control de la compañía, la propiedad de las acciones intervenidas se reparte entre ambos: la Casa Rosada se quedará con el 26,01% y las provincias productoras con el 24,99% de la compañía.

Fernández ha lamentado en su discurso la desnacionalización de aquella emblemática compañía en 1998, con Ménem en el gobierno, pero no pareció recordar que el matrimonio Kirchner apoyó entonces la venta a Repsol. Y ha enfatizado que pondrá al frente de la compañía nacionalizada a un equipo altamente tecnificado y profesional, como si el actual fuera político… En definitiva, la presidenta se engaña a sí misma, ya que la razón por la que las compañías energéticas que trabajan en Argentina -no sólo Repsol- no han explotado nuevos yacimientos y la producción ha caído año tras año es la errónea política energética del país, de precios extremadamente bajos, lo que impide a las compañías acopiar recursos para la prospección. ¿De dónde sacará ahora la viuda de Kirchner financiación para realizarla? Todo indica, en fin, que la medida es más una cortina de humo para enmascarar problemas internos que una decisión meditada y solvente.

La decisión arbitraria, contraria a las normas que rigen las relaciones económicas internacionales, de la presidenta Argentina crea grave inseguridad jurídica y constituye una afrenta política al Gobierno y al Estado españoles. En consecuencia, la respuesta, prudente pero firme, ha de realizarse tanto en el plano político y diplomático cuanto en el económico y comercial. Y en ambos terrenos, España debe apoyarse en sus amigos y aliados, que sin duda nos prestarán el apoyo que necesitamos para fijar al menos un justiprecio correcto y preservar los demás intereses empresariales españoles en Argentina.