¿Y ahora, qué?

-¿Cuándo se gestó la expropiación?

-La recuperación de la petrolera estaba en el ánimo del Gobierno de la presidenta Kirchner. Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue creada en 1922 y siempre ha ejercido un importantísimo papel en el desarrollo de Argentina, al que todavía aporta un tercio de sus ingresos tributarios. Proporciona, además, 4.000 empleos directos y 16.000 indirectos, en 1.557 refinerías y cientos de estaciones de servicio. Privatizada en 1991, Repsol compró una parte en enero y junio de 1999 mediante un crédito sindicado de 12.900 millones de euros. El 'corralito' complicó en el arranque del siglo la trayectoria económica de la compañía, pero las presiones nacionalistas surgieron en cuanto la situación se normalizó, con la demanda de que la producción de hidrocarburos estuviera bajo control del propio Gobierno argentino, y el argumento de que nunca debió ceder soberanía en este ámbito económico estratégico.

-¿Se buscó alguna salida a esas presiones?

-Repsol abrió camino al capital local, y la petrolera española facilitó que, entre 2008 y 2011, el grupo local Petersen –de la familia Eskenazi– comprara un 25%, y le proporcionó 2.000 millones de financiación, ahora difíciles de recuperar. Repsol mantuvo el 57% de YPF mientras otro 17% está en manos de fondos de inversión domiciliados en Estados Unidos.

-¿Por qué no convencía esta fórmula accionarial al Gobierno Kirchner?

-Los actuales asesores de la presidenta –su hijo Máximo, o el muy influyente Axel Kicillof– acusaron a Repsol de beneficiarse de YPF sin promover su desarrollo. Una tras otra, las provincias petroleras denunciaron a la compañía europea de repatriar los beneficios sin llevar a cabo las inversiones necesarias. También se sugirió que podría haber otros socios argentinos más adecuados que los Eskenazi, como los hermanos Bulgheroni.

-¿Qué tipo de presión se ha ejercido sobre Repsol?

-Durante el pasado mes de marzo, las provincias argentinas le retiraron o pusieron en vigilancia las concesiones de licencias de explotación y exploración en una quincena de áreas y otras anunciaron que iban a seguir ese camino. Se prodigaron los discursos oficiales contra «quienes se comportan como virreyes» y en vez de utilizar los beneficios 'in situ' se dedican a repatriarlos. Las conversaciones telefónicas del rey Juan Carlos con la presidenta de Argentina, o el viaje relámpago del ministro de Industria a Buenos Aires no sirvieron de nada, porque la tensión fue creciendo.

-¿Respondió el Gobierno español a estas presiones?

-La pasada semana, el titular de Industria José Manuel Soria advirtió al Gobierno argentino de que si procedía a una eventual intervención tendría que atenerse a las consecuencias, mientras el presidente Antonio Brufau viajó a Buenos Aires, sin llegar a ser recibido por la presidenta. Los propietarios de YPF se vieron directamente perjudicados: el valor de sus participaciones en Bolsa se ha reducido a menos de la mitad en lo que va de año. Un importe menor significa un justiprecio más bajo como compensación por las expropiaciones.

-¿Qué consecuencias tendrá para la petrolera española la salida de Argentina?

-Las notas que las agencias de calificación otorgan a Repsol han bajado y la financiación le sale cada vez más cara. El grupo petrolero obtiene de su filial argentina el 50% de su producción y tiene localizadas en aquel país el 40% de sus reservas. No obstante, pese a destinar a ese fin el 35% del total de sus inversiones, tan solo procede del país austral el 25% de su resultado de explotación. En 2011, unos desembolsos de 2.473 millones le generaron 1.044 millones de beneficio. El perjuicio final no se podrá medir hasta conocer el desenlace de la expropiación y la compensación económica que llegue a percibir.

-Además del discurso populista de la propiedad de los recursos básicos ¿hay otras razones detrás de la intervención del Gobierno Kirchner?

-Sin duda hay que contar con la ubicación en Argentina de la gran esperanza de futuro del grupo petrolero: el yacimiento de Vaca Muerta, una formación rocosa de la que extraer gas y petróleo mediante la técnica de la fractura por inyección de agua. Se calcula que podrían abrirse hasta 2.000 pozos productivos de petróleo y otros 1.000 de gas. De partida, parece necesario contar con cien equipos de exploración.

-¿Tiene capacidad Argentina para abordar por sí sola un proyecto de esa envergadura?

-Ni la tiene el país ni tampoco la tenía Repsol. La inversión inicial de 10.000 millones de dólares se elevaría a 25.000 millones en una década. El grupo petrolero español había llegado a tantear la posibilidad de aliarse con otras empresas del sector. En Brasil tiene como socio a la china Sinopec que le aportó más de 7.000 millones de dólares a cambio del 40% de los activos.

-¿Puede buscar el Gobierno de Kirchner otros capitalistas?

- La decisión de expropiar a los actuales propietarios le sitúa en un escenario nada favorable. La pérdida de seguridad jurídica alejará sin duda a potenciales candidatos, y en particular a los que exigen trabajar con las garantías que hacen posible el libre funcionamiento de los mercados. Con menos motivo, Estados Unidos ha sacado a las exportaciones de Argentina de su sistema de preferencias generalizadas en los intercambios comerciales.

-¿Se puede contagiar a otras empresas españolas la nacionalización de YPF en Argentina?

-Las grandes multinacionales de origen español tienen negocios en el país, aunque no en todos los casos se trata de sectores considerados “estratégicos”. Los dos grandes bancos –Santander y BBVA– ya se resienten de las alzas de costes y el recorte de márgenes. Más complicado lo han tenido siempre los negocios regulados de Abertis (autopistas), Gas Natural Fenosa y Endesa (energía) o Telefónica, con muchas dificultades para que se les autoricen modificaciones en los precios que aplican por la prestación de servicios.