Contra el fraude fiscal

El Gobierno aprobó ayer un plan contra el fraude con el que pretende recaudar un mínimo de 8.171 millones de euros, aunque esta cantidad no está contabilizada a priori para reforzar la credibilidad de las cuentas públicas. Entre las medidas más reseñables cabe mencionar las encaminadas a lograr que los defraudadores se declaren insolventes o lleven a cabo un alzamiento de bienes; la obligación de realizar los pagos superiores a 2.500 euros en que intervenga un empresario profesional mediante tarjeta o transferencia y no en metálico; se establece la obligación de declarar el patrimonio y las cuentas en el extranjero, con la particularidad de que las deudas fiscales relacionadas con esas cuentas no prescribirán, por lo que la Agencia Tributaria podrá liquidarlas independientemente de cuando sean detectadas y se potencia la figura del inspector. Todas estas actuaciones, aisladamente, no parece que hayan de tener un efecto relevante en la contención del fraude, dada la pericia de los defraudadores y la dificultad de los controles de los flujos de capitales que se desplazan con suma facilidad en plena globalización. Sin embargo, lo deseable es que el Estado vaya construyendo una estrategia envolvente con medidas acumulativas sobre quienes pretenden eludir sus obligaciones fiscales. En este sentido, el rearme de la Hacienda Pública con nuevos instrumentos es siempre positivo, dado que una sociedad democrática ha de basarse en el principio de equidad, que tiene una traducción fiscal muy clara. El plan de lucha contra el fraude es la contrapartida obligada de la amnistía fiscal concedida a los que afloren dinero negro, que solo encuentra alguna justificación en la dificilísima coyuntura económica de este país pero que es un mensaje equivocado a la conciencia fiscal de este país. Quizá haría falta, también, que Hacienda se decidiera por fin a pescar con la debida intensidad en ciertos caladeros de contribuyentes privilegiados que frecuentan los paraísos fiscales o se escudan tras complejos sistemas de tributación para minorar la presión que nos alcanza a todos los demás ciudadanos.