Inamistosa expropiación

Los peores temores sobre la intenciones argentinas en relación con Repsol se confirmaron ayer. Poco después de que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, fuese recibido tras una espera de varios días por el ministro de Planificación, el Gobierno argentino enviaba a su Parlamento un proyecto de ley que declara «de utilidad pública y sujeto a expropiación» el 50,01% de las acciones de YPF, la petrolera en la que hasta ahora es mayoritaria la compañía española. El argumento esgrimido para tomar esta medida radical es que Repsol no estaba invirtiendo lo suficiente en prospecciones y en actividades extractivas, por lo que el país había comenzado a padecer desabastecimiento. En las últimas semanas, seis provincias argentinas habían revocado licencias a YPF para operar en una docena de áreas, mientras que otras dos conminaron a la compañía a aumentar sus inversiones bajo amenaza de cancelarle permisos de explotación. La expropiación ha sido el final de la historia. Lo sucedido es una provocación. Ayer mismo, temiendo lo peor, el ministro de Industria, José Manuel Soria, declaró desde Polonia que el Gobierno español defiende los intereses de todas las empresas españolas y «si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad» contra esos intereses los interpreta como «gestos de hostilidad hacia España y hacia el propio Gobierno» que tienen consecuencias. La presidenta, Cristina Fernández, ha hecho oídos sordos y ha tomado de la decisión más populista y drástica, confiando quizá en que esta ruptura sirva de cortina de humo que impida ver el avance de la crisis y la recesión sobre su propio país. Argentina demuestra ser un país poco fiable con una seguridad jurídica dudosa. En 2002 entró en 'default', se produjo una gran bancarrota: el Estado debía casi 200.000 millones de dólares, el equivalente al 79% del PIB, y disponía de sólo 10.000 millones de dólares en reservas en divisas; el FMI, que a punto estuvo de colapsar por aquella causa, no pudo evitar la quiebra. Poco después la comunidad internacional olvidó aquel episodio y las empresas españolas acudieron a la oportunidad de hacer negocios en un país 'hermano'. Este maltrato rompe puentes y Argentina se juega convertirse en país apestado. España debe hacer valer su posición en Europa para defender nuestros intereses de la marrullería.