Un juez ratifica el derribo de la casa del exarquitecto de Grazalema al obtener la licencia «con engaño»

El juez titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Jerez ha ratificado la orden de demolición de la vivienda que construyó el exarquitecto municipal del Ayuntamiento de Grazalema, Juan P., en la Ribera del Gaidovar de Grazalema, en un suelo clasificado como no urbanizable, al considerar que el procedimiento administrativo para la obtención de la licencia estuvo basado "en el engaño y la simulación".

El fallo desestima así el recurso interpuesto por la mujer del exarquitecto contra el requerimiento municipal que en 2007, y tras una denuncia de Ecologistas en Acción, abrió un expediente de restauración de la legalidad que desembocó en la orden de demolición que ahora ratifica el Juzgado jerezano.

Según se recuerda en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el propio Ayuntamiento concedió en 2004 un licencia para realizar obras de rehabilitación en la casa de campo de la finca "Rancho Vista Alegre", donde sólo se permiten actividades primarias, evitándose las nuevas construcciones, y donde solo se permiten las reparaciones y rehabilitaciones de las ya existentes. Pero, según el juez, lo que se realizó "excede con mucho" lo que se entiende por rehabilitación "y sólo puede ser clasificado de nueva construcción".

El magistrado se basa en varios testimonios prestados por el contratista que ejecutó las obras, que afirmó que el entonces exarquitecto municipal fue el que dirigió las obras que contemplaban una demolición parcial; así como en el testimonio del suministrador de materiales a la obra, que testificó que los materiales eran "para hacer una casa nueva", y que de la antigua sólo quedó un muro frontal. Otro de los testigos afirmó tajantemente que la misma era una "obra nueva, no una rehabilitación".

El juez evidencia en la sentencia que el procedimiento administrativo para la obtención de la licencia estuvo basado "en el engaño y la simulación", al ser el propio arquitecto municipal el que solicitó la licencia a nombre de su esposa "con un inequívoco propósito de simulación" y así, entiende que si necesitaron realizar "tales maniobras" ella y su marido, "es porque con la verdad no podían conseguir sus propósitos". Por ello, estima el juez que la demolición de lo construido "guarda perfecta proporción con el perjuicio causado a la colectividad con la obra ilegal que se pretende eliminar", por lo que desestima el recurso de la pareja.

Condena, además, a la mujer del exarquitecto municipal a pagar las costas del proceso, contra el que cabe interponer recurso de apelación, al entender que ha tenido "temeridad" al litigar, ha "desfigurado" los hechos y que apoya su demanda "en supuestos inciertos".

El portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, ha mostrado en declaraciones a Europa Press su "satisfacción" por esta sentencia, al entender que "deja clara la trama de corrupción existente en el Ayuntamiento de Grazalema, pues durante años se construyeron edificios ilegales con el aval del exarquitecto que, presuntamente, cobraba comisiones de los promotores". Además, según añade Clavero, estos hechos "eran del conocimiento del anterior alcalde socialista, Antonio Mateos, y de la actual alcaldesa, María José Lara, entonces portavoz del PSOE".

Anima así al Ayuntamiento a proceder, "sin esperar a la resolución de los recursos que solo tienen una intención dilatoria", a la demolición de esta casa "ilegal".

Además, ha calificado de "lamentable" que en un pueblo "emblemático" dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema se den situaciones como ésta que, a su juicio, "habría sido imposible sin la clara complicidad de los máximos responsables municipales".

Clavero ha recordado como en 2003 Ecologistas en Acción remitió al entonces alcalde Antonio Mateos una denuncia "contra Juan Prieto" en la que se hacía una "pormenorizada" relación de los informes "ilegales" que venía realizando "para favorecer a determinados promotores". La denuncia terminaba solicitando "que se iniciasen las acciones legales oportunas contra el responsable de dichos informes, ya que se podría estar incurriendo en posibles delitos de prevaricación y falsificación de documentos públicos".

Apunta el portavoz de la organización conservacionista que el alcalde "no solo no actuó contra Prieto, sino que contestó a los ecologistas con un informe del propio técnico defendiendo la legalidad de su casa, lo que es manifiestamente ilegal por incompatibilidad, y nos emplazaba a acudir a los juzgados".

Añade, además, que entonces "inició una persecución mafiosa contra mi familia", ordenando una inspección de su casa y, "en base a un informe de Juan Prieto que aseguraba que se habían hecho obras, cosa absolutamente falsa, procedió a imponer multas, terminando por ordenar el derribo de la vivienda, orden firmada por su sucesora" María José Lara. "Como era lógico, el tema terminó en los tribunales, y la misma semana que se iba a ver la vista en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jerez , la alcaldesa archivó de forma precipitada todos los expedientes y sanciones", recuerda Clavero.

Finalmente, estima "particularmente grave que todas las denuncias contra Prieto hayan desaparecido de los archivos municipales, a pesar de constar en el registro de entrada del Ayuntamiento".