«Me repugna la separación de un bebé de su madre biológica»

Sor María Gómez Valbuena, la primera religiosa imputada por el caso de un bebé robado, defendió ayer su inocencia en un encendido alegato hecho público en una carta abierta. La monja, de 87 años, rompió su silencio horas después de acudir a un juzgado de Madrid y acogerse a su derecho a no declarar, como le permite su situación procesal. El juez que investiga a la religiosa mantuvo su imputación por supuesta detención ilegal y falsedad documental.

En la misiva, sor María califica de «completamente falsas» las acusaciones contenidas en la denuncia de María Luisa Torres, la madre a la que sustrajeron su bebé en una clínica de Madrid en marzo de 1982, con el argumento de que era una «adúltera», y que el pasado año pudo reencontrarse con su hija Pilar tras realizarse ambas las pruebas de ADN.

La religiosa de las hermanas de la Caridad, cuyo nombre aparece en decenas de denuncias que tramita la Fiscalía de Madrid, asegura que las acusaciones sobre su implicación en la trama le causan repugnancia, sostiene que «jamás» ha tenido conocimiento de sustracciones de menores en clínicas madrileñas y defiende que «siempre» ha ayudado a los más necesitados «de forma desinteresada».

«Me repugna en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica, realizada bajo coacciones y amenazas», asegura.

En la carta, la monja incide en un asunto que también mencionó en su declaración ante el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban. Pese a que la denuncia «está muy bien fundamentada» y hay pruebas evidentes contra sor María, según el fiscal, la religiosa repite que «ha dedicado toda mi ya larga vida a ayudar a los más necesitados de manera desinteresada, como forma de hacer realidad mis profundas convicciones religiosas».

Clínica Santa Cristina

Con estas palabras viene a decir que en la clínica donde trabajó, llamada Santa Cristina, se ocupaba únicamente de personas sin recursos o con dificultades, o eso es lo que ella creía cuando estaba en la sección de maternidad.

De todos modos, la defensa de su inocencia llegó horas después de acudir al juzgado donde estaba citada como imputada y no «denunciada», como precisó sor María en su misiva. Lo hizo a las ocho de la mañana, una hora y media antes de la hora prevista, vestida con el hábito de las hermanas de la Caridad y acompañado de otra religiosa y de su abogado, José María Calero Martínez, el letrado que defiende en Sevilla a la familia de Marta del Castillo.

Frágil por la edad, pero «intacta de mente», según los presentes en la sala, dijo que se acogía a su derecho a no declarar. Esta decisión se debe a que después de transcurrir 30 años de los hechos «no recuerda nada y le parece descabellado todo el relato, además está muy frágil de salud», según fuentes judiciales.

En cuanto al procedimiento, el abogado de la religiosa ha interpuesto un recurso de apelación contra la resolución del juez que denegaba el archivo de la causa por prescripción.

A la espera de que este recurso lo vea la Audiencia de Madrid, el magistrado instructor, Adolfo Carretero, mantiene la imputación por detención ilegal y falsedad documental y este viernes tiene previsto tomar declaración como testigos a los padres adoptivos de Pilar, cuya comportamiento hizo posible el reencuentro entre la hija y la madre biológica 29 años después.

Fuera del juzgado, un nutrido grupo de afectados esperó la salida de la monja para recordarle su supuesta implicación en la trama. La religiosa fue protegida por un fuerte despliegue policial antes de montar en un Mercedes Benz y regresar a su convento. «¿Por qué la protegéis?», se preguntaba un grupo de denunciantes.