Hacienda obligará a declarar el patrimonio en el extranjero

Con cuentagotas, el Gobierno continúa desgranando la sustancia del Plan General de Control Tributario que el Consejo de Ministros aprobará hoy. La nueva estrategia contra la evasión fiscal, anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, obligará a todos los ciudadanos y empresas a declarar su patrimonio en el extranjero. Los expertos dudan de la efectividad recaudatoria de la decisión. Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) piden extender también el control a las «cuentas y valores opacos» en paraísos fiscales.

Un día después de fijar en 2.500 euros el límite máximo para los pagos en efectivo a empresas y profesionales, Cristóbal Montoro adelantó esta nueva iniciativa en su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados en defensa del decreto ley de medidas fiscales para combatir el déficit. Una norma que incluye decisiones tan contestadas como la amnistía fiscal, que permitirá regularizar dinero negro previo pago de un 10%, porcentaje muy inferior al que marcan las leyes y que pagan la inmensa mayoría de los contribuyentes. El ministro de Hacienda explicó que el proyecto de ley que aprobará el Consejo de Ministros hoy incluirá una disposición adicional que obligará a todos los contribuyentes a suministrar información sobre cuentas abiertas en entidades financieras situadas en el extranjero de las que sean titulares, beneficiarios o en las que figuren como autorizados o con poderes.

Pero la vigilancia no se limita a los datos de cuentas corrientes. En un comunicado posterior, Hacienda especificó que la obligación de informar al fisco se extiende a otros títulos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de entidades, seguros de vida o de invalidez, bienes muebles e inmuebles contratados con entidades establecidas en el extranjero.

La amnistía fiscal anunciada el pasado 30 de marzo y aprobada ayer va acompañada de una facilidad, también extraordinaria, para que los ciudadanos puedan repatriar dividendos o participaciones de fuente extranjera con un gravamen específico del 8%. Un 'anzuelo' para estimular el retorno de fondos a coste reducido al que ahora se suma la obligatoriedad de, al menos, informar de la tenencia de esos valores.

El departamento de Hacienda explicó que la iniciativa contempla la instauración de sanciones específicas para los contribuyentes y empresas que incumplan esta obligación de comunicar a la Agencia Tributaria su patrimonio en el exterior. Su cuantía, explicaron las fuentes consultadas de este departamento, se dará a conocer tras la reunión del Consejo de Ministros. Hacienda también afirmó que el mandato de informar compromete a «todas las cuentas» del exterior, incluidas las depositadas en las denominadas jurisdicciones no cooperativas o paraísos fiscales.

Dudosa eficacia

Sin embargo, los técnicos de Hacienda (Gestha) cuestionaron la eficacia de esta medida como instrumento para luchar contra la evasión, por considerar que su aplicación sería un «simple acopio» de datos de números de cuentas 'blancas', que el fisco ya puede conocer si estudia los balances de las compañías. «En cambio, las cuentas opacas no se han declarado y no se van a declarar», subrayan.

Gestha asegura que ya existe obligación por parte de los contribuyentes de integrar los saldos y rendimientos de sus «cuentas blancas» a la hora de hacer las declaraciones de Patrimonio, IRPF o Sociedades. Este colectivo aboga por extender ese deber a los códigos que identifican las cuentas bancarias y los depósitos de valores, códigos que «incluyen la referencia al país donde está depositada la cuenta».

Para los técnicos de Hacienda, controlar de forma efectiva las cuentas y valores opacos situados fuera de España pasa por actuar en dos direcciones: por un lado, que el Gobierno alcance acuerdos con las grandes entidades bancarias que operan en paraísos fiscales, como ya hicieron Alemania y Estados Unidos, países que exigieron a las entidades un listado de sus titulares bajo la amenaza de retirar la ficha bancaria que conceden los bancos centrales para poder operar en sus mercados. Por otro, que el Ejecutivo pacte con las entidades emisoras de tarjetas (Visa, Mastercard, American Express) para identificar a las personas que utilizan «habitualmente» tarjetas en España a nombre de sociedades, fundaciones o entidades cuyos pagos se cargan a cuentas bancarias en el exterior, para poder seguir su rastro.