Urbanismo deja de cobrar 12 millones de euros en sanciones ya prescritas

Doce millones de euros son muchos millones para unas arcas municipales con un agujero de cuarenta y cinco. El Gobierno local de Arcos, formado por Partido Popular y Alternativa Independiente Progresista, han lamentado la gestión que el Partido Socialista llevó a cabo durante sus ochos años de mandato, especialmente en lo que a Urbanismo se refiere. En concreto, critican que bajo el mandato del delegado Joaquín Macías (PSOE) «se dejaron de cobrar 12 millones de euros en sanciones urbanísticas que ya han prescritos, por lo que no podremos cobrarlas», destacó el regidor José Luis Núñez (PP).

El responsable de esta área, Manuel Erdozain (AiPro), ha dado a conocer esta información que se ha derivado del «estudio que desde el propio Ayuntamiento estamos haciendo para ver la situación que hemos heredado». Además, dio a conocer que se ha contratado a un servicio jurídico externo, por valor de 11.800 euros, para aclarar qué es lo que ha sucedido y poder depurar posibles responsabilidades de los anteriores regidores que «hicieron la vista gorda ante las irregularidades, a pesar de que se llevaron a cabo inspecciones de las irregularidades pero nunca siguieron adelante con los expedientes».

Núñez aclaró que se ha acudido a un servicio externo porque «consideramos que los abogados municipales estaban al tanto de la situación, por lo que en cierto modo son una parte implicada». Además, destacó que «lo que no vamos a hacer es seguir haciendo la vista gorda con las irregularidades y vamos a cumplir nuestra obligación como Ayuntamiento». Al respecto, consideró que «serán la Fiscalía, los jueces y los tribunales quienes determinen qué ha sucedido aquí y si existe o no responsabilidad al respecto».

Además de estas sanciones prescritas, que Urbanismo cree que hubieran supuesto el ingreso de 12 millones de euros, hay cientos de sanciones que aún no han prescritos y que si que se tratarán de cobrar. Asimismo, el regidor y el responsable de Urbanismo destacaron que en los procesos de regularización de viviendas ilegales que se puedan llevar a cabo, gracias al Decreto de la Junta, «serán los vecinos los que tengan que asumir todos y cada uno de los costes de urbanización, ya que no vamos a premiar a quien actuó fuera de la Ley, perjudicando a quien cumplió con todo lo establecido», destacó el regidor. Erdozain, por su parte, recordó que desde que tomó las riendas de Urbanismo «se han iniciado más de 50 expedientes de irregularidades urbanísticas, unas mayores y otras menores, y vamos a cumplir con la legalidad a rajatabla».

El responsable de Urbanismo, ha asegurado que la intención del equipo de Gobierno no era la de «sacar a la luz esta cuestión, para que la misma no se valorara en los medios y la opinión pública, sino ante la Justicia». No obstante, han decidido explicar a la ciudadanía lo sucedido ante «unas críticas sorprendentes -la del propio exdelegado de Urbanismo socialista- que critica que gastemos 12.000 euros en abogados, sin tener en cuenta las irregularidades que cometieron». Además, lamentó que «el PSOE trate de involucrar a los técnicos municipales, cuando la decisión de cómo gobernar es de los políticos».