'El Boca', en busca y captura

La Audiencia Provincial de Huelva ha dictado una orden de detención de José Franco de la Cruz, alias 'El Boca, para que comparezca en los juzgados e informe sobre el lugar donde ubicará su domicilio durante los próximos años tras no comparecer este lunes a la citación judicial prevista tras su salida de la cárcel, donde cumplió 21 de los 44 años a los que fue condenado por el asesinato y violación de la niña onubense Ana María Jerez Cano en 1991.

En rueda de prensa, el subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Vigueras, ha explicado que la localización de 'El Boca' por parte de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no ha sido posible. La presencia de la Policía, ha explicado, era también necesaria al objeto de escoltar a esta persona hasta la Audiencia, ya que sobre él pesa una orden de alejamiento de la ciudad de Huelva, lugar de residencia de los padres de la víctima, por un período de seis años desde su puesta en libertad.

Asimismo, hasta las 13:15 horas, 'El Boca' tampoco se personó voluntariamente en las dependencias judiciales, en las que sí se encontraban desde el mediodía su abogado, José Augusto de Vega, y la abogada de Adoración Cano, Gloria Gómez.

Asesinato y violación

'El Boca' abandonó la prisión de Sevilla 2, en Morón de la Frontera (Sevilla), el pasado martes después de cumplir 21 años de los 44 a los que fue condenado en 1993 por el asesinato y violación de la niña Ana María Jerez Cano en 1991 en Huelva, tras rechazar la Audiencia el recurso de la familia de la víctima de que se le aplicara la doctrina Parot, de acumulación de penas.

En ese momento aún no había notificado lugar alguno de residencia, algo que se le solicitó a efectos de notificaciones y de comprobar que no quebranta la orden de alejamiento. Fue la Audiencia de Huelva la que notificó la semana pasada a la Policía Nacional y la Guardia Civil la localización de 'el Boca' al objeto de comunicarle la citación, cuya comparecencia a la misma no era, sin embargo, obligatoria.

La Audiencia también ha abierto una investigación para conocer el patrimonio actual de este hombre, que durante su estancia en prisión habría heredado la vivienda en la que residían sus padres, con la finalidad de determinar si puede hacer frente al pago de la indemnización a la familia de la víctima de 90.000 euros que determinaba la sentencia y para el que en su día se declaró insolvente.