Repsol, atrapado en el embrollo de YPF

La petrolera Repsol se enfrenta este mes de abril a decisiones que podrían tener un gran alcance y determinar su presencia futura en Argentina. El 25 de abril, una asamblea de su participada YPF deberá refrendar los acuerdos del consejo que optó por ampliar capital y repartir dividendo en acciones, frente a la opinión del Gobierno de Cristina Kirchner, partidario de reinvertir todas las ganancias. Mientras tanto, los mandatarios de las provincias del país latinoamericano le están retirando, una tras otra, las concesiones para producir y explorar en los respectivos territorios. Detrás de esta actuación se intuye la influencia de quienes estarían aconsejando a la presidenta 'intervenir' para recuperar el control de YPF. Argentina vuelve a tener problemas económicos y, por vez primera, en 2011 sus intercambios energéticos con el exterior se saldaron con números rojos. el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha viajado a Buenos Aires para solucionar el conflicto.

¿Cuál es el origen del conflicto?

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue creada en 1922 y ejerció un importantísimo papel en el desarrollo de Argentina, al que todavía aporta un tercio de sus ingresos tributarios. Proporciona, además, 4.000 empleos directos y 16.000 indirectos, en 1.557 refinerías y cientos de estaciones de servicio. Privatizada en 1991, Repsol la compró en enero y junio de 1999 mediante un crédito sindicado de 12.900 millones de euros. El 'corralito' complicó en el arranque del siglo su trayectoria económica y las presiones nacionalistas vinieron a continuación. Para abrir camino al capital local, la petrolera española facilitó que, entre 2008 y 2011, el grupo local Petersen -de la familia Eskenazi- comprara un 25%, y le proporcionó 2.000 millones de financiación, ahora difíciles de recuperar. Repsol mantiene el 57% de YPF mientras otro 17% está en manos de fondos de inversión domiciliados en Estados Unidos.

¿Por qué no convence esta fórmula accionarial al Gobierno Kirchner?

Los actuales asesores de la presidenta -su hijo Máximo, o el muy influyente Axel Kicillof- le han sugerido que habría otros propietarios argentinos más adecuados, y acusan a Repsol de beneficiarse de YPF sin promover su desarrollo. La prensa sugiere que el poder ve con mejores ojos a los hermanos Bulgheroni, propietarios de la petrolera Bridas y asociados con la china CNOOC. También se está haciendo uso de un discurso populista y nacionalista para ocultar otros problemas.

¿Qué tipo de presión se está ejerciendo sobre Repsol?

Seis provincias argentinas le han retirado o puesto en vigilancia las concesiones de licencias de explotación y exploración en una quincena de áreas y otras han anunciado que seguirán ese camino. De poco sirve la réplica de la petrolera y su recurso a los tribunales. Los discursos oficiales contra «quienes se comportan como virreyes» y en vez de utilizar los beneficios 'in situ' se dedican a repatriarlos se prodigaron durante el pasado marzo. Las conversaciones telefónicas del rey Juan Carlos con la presidenta, o el viaje relámpago del ministro de Industria a Buenos Aires aliviaron la tensión, pero la interposición de obstáculos ha proseguido. YPF ha sido la principal perjudicada: su valor en Bolsa se ha reducido prácticamente a la mitad en lo que va de año.

¿Se puede permitir la petrolera española una salida poco airosa de Argentina?

Los inversores en YPF ya han descontado la existencia de problemas, pero las notas que le otorgan las agencias de calificación descienden y la financiación le sale más cara. Repsol obtiene de su filial argentina el 50% de su producción y tiene localizadas en aquel país el 40% de sus reservas. No obstante, aunque destina a ese negocio el 35% de sus inversiones, tan solo procede de este origen el 25% de su resultado de explotación. En 2011, desembolsos de 2.473 millones generaron 1.044 millones de beneficio. Pero hay que contar con la ubicación en Argentina de la gran esperanza de futuro del grupo petrolero: el yacimiento de Vaca Muerta, una formación rocosa de la que extraer gas y petróleo mediante la técnica de la fractura por inyección de agua. Se calcula que podrían abrirse hasta 2.000 pozos productivos de petróleo y otros 1.000 de gas. De partida, parece necesario contar con cien equipos de exploración.

¿Tiene capacidad Argentina para abordar por sí sola un proyecto de esa envergadura?

Ni el país ni tampoco Repsol. La inversión inicial de 10.000 millones de dólares se elevaría a 25.000 millones en una década. El grupo petrolero español está tanteando la posibilidad de aliarse con otras empresas del sector. Ya cuenta con la experiencia de Brasil, donde tiene como socio a la china Sinopec, que le aportó más de 7.000 millones de dólares a cambio del 40% de los activos.

¿Puede buscar el Gobierno de Kirchner sus propias alianzas?

Necesita hacer frente a la situación económica compleja, y a un escenario energético desconocido. En 2011 sus importaciones de energía se elevaron a 9.000 millones de euros, y las exportaciones solo aportaron 5.640 millones, lo que se tradujo en un abultado e insólito déficit. Y aunque podría apostar por otros socios, primero tendría que intervenir la actual propiedad, lo que supone un importante riesgo. Dispone de un sistema parecido a la española 'acción de oro', que le abre camino a actuar cuando declara que considera estratégica una actividad. Pero la pérdida de seguridad jurídica alejaría a potenciales candidatos, y en particular a los que exigen trabajar con las garantías que hacen posible el libre funcionamiento de los mercados. Estados Unidos acaba de sacar a las exportaciones de Argentina de su sistema de preferencias generalizadas.

¿Se pueden trasladar a otras empresas españolas los problemas de Repsol en Argentina?

Las grandes multinacionales de origen español tienen negocios en el país. Los dos grandes bancos -Santander y BBVA- se resienten de las alzas de costes y el recorte de márgenes. Más complicado lo han tenido siempre los negocios regulados de Abertis (autopistas), Gas Natural Fenosa y Endesa (energía) o Telefónica, con muchas dificultades para que se les autoricen variaciones de precios.