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atentados de 2001

EE UU pedirá la pena de muerte para los acusados del 11-S

Los 5 acusados serán juzgados por un tribunal militar en la Base de Guantánamo en un mes por terrorismo, secuestro, conspiración y asesinato

AGENCIAS
WASHINGTONActualizado:

La justicia militar estadounidense reclamará la pena de muerte para el kuwaití Jaled Cheij Mohammed y los otros cuatro acusados de haber fomentado los atentados del 11 de septiembre de 2001, según ha anunciado el Pentágono al revelar los cargos contra los cinco sospechosos.

Los cinco hombres "están acusados de ser los responsables de la preparación y ejecución de los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Nueva York, Washington y Shanksville (Pensilvania), que mataron a 2.976 personas", ha precisado el departamento de Defensa en un comunicado. Las autoridades "transfieren el expediente a una comisión militar capital, lo que significa que los cinco acusados podrán ser condenados a muerte si se los halla culpables", ha precisado el Pentágono.

Los saudíes Jaled Cheij Mohammed, de 46 años, más conocido por las iniciales inglesas 'KSM', Walid ben Attash y Mustafá El-Hawsawi, así como el yemenita Ramzi ben El-Chaiba y el paquistaní Alí Abd El-Aziz Alí deberán comparecer en los próximos 30 días ante un tribunal militar de excepción de Guantánamo para ser formalmente acusados. El proceso podría, sin embargo, comenzar dentro de varios meses.

Torturas

Tras ser capturado hace nueve años, Mohammed fue sometido a duros interrogatorios y al llamado 'submarino' (inmersión en el agua hasta el límite del ahogamiento), lo que ha sido ampliamente denunciado como tortura. El presidente Barack Obama intentó que los acusados fueron juzgados en un tribunal civil en Nueva York, cercano a la zona de los atentados del World Trade Center, pero la propuesta naufragó por el rechazo de los legisladores republicanos, que bloquearon el traslado de los sospechosos a territorio estadounidense.

Los tribunales militares de excepción fueron creados durante la administración de George W. Bush después de los ataques del 11 de septiembre, con el argumento de que los militantes de Al-Qaida (a los que se les atribuyó el estatuto de combatientes enemigos) eran de una categoría especial que no podían juzgarse en tribunales civiles ordinarios.