El Defensor del Pueblo ve injustificada una década de subvención a los ERE

El Defensor del Pueblo andaluz no ve justificación en el mantenimiento en Andalucía durante una década de un «régimen» de subvenciones excepcionales para las ayudas socio-laborales a favor de los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. En su informe anual, el Defensor se hace eco de las quejas de los ciudadanos sobre la gestión de las políticas de empleo y destaca que la generalidad de las modalidades que integran las políticas activas de empleo se adecúan a los principios legales para las subvenciones: publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y eficiencia.

Sin embargo, llama la atención del Defensor del Pueblo andaluz que de forma excepcional y durante una década se haya dado un tratamiento diferenciados a las ayudas sociolaborales destinadas a los ERE. Esto «pudo tener su razón de ser» en los primeros tiempos y en relación a los casos concretos considerados de interés público, pero «no puede decirse lo mismo con el transcurrir del tiempo y la aparición de la crisis económica en 2008». A partir de ese año el volumen de expedientes y número de trabajadores y compromisos presupuestarios debieron forzar a la aprobación y publicación de unas bases reguladoras de dichas ayudas sociolaborales, según el Defensor .

La nueva regulación de esas ayudas llegó en 2011 «tras un enconado y agrio debate político y mediático sobre presuntas irregularidades detectadas en determinados expedientes relativos» a las citadas ayudas, recuerda. Incide el informe en que «la tardía regulación de estas ayudas pone en evidencia la falta de justificación por haber mantenido demasiado tiempo un régimen excepcional, máxime en el contexto de subvenciones regladas dominante en el ámbito de la Consejería de Empleo».

Evitar irregularidades

Esa excepcionalidad «hace que se sitúen en el límite del cumplimiento de los principios» a los que deben atenerse dichas ayudas y eso puede derivar en «arbitrariedad e irregularidad» en las mismas, señala el Defensor. Asimismo, el informe contrapone el «dispar» tratamiento de las ayudas sociolaborales a trabajadores con el llevado a cabo por la Junta en las ayudas para las empresas viables en crisis, que se basaron en una regulación presidida por la transparencia y objetividad de criterios de concesión.

No obstante, esta institución precisa que este informe no cuestiona la «mayoritaria y correcta» asignación de las ayudas sociolaborales otorgadas, máxime en un contexto de crisis y destrucción de empleo.