Confianza, pero menos

La reunión informal de los ministros de Economía de la UE permitió constatar ayer que los principales socios europeos valoran positivamente el proyecto de presupuestos para 2012, al tiempo que instan a que los ajustes que contiene se apliquen con celeridad y advierten de que los esfuerzos de austeridad que requerirá la economía española no pueden limitarse a las cuentas públicas del presente ejercicio. Los países centrales de la Unión parecen contemplar la evolución económica y política de España con más confianza que desconfianza. Pero la persistencia de esta última se ha convertido en una constante a la que los demás gobiernos recurren con excesiva insistencia, en algún caso para soslayar sus propias dificultades. Los problemas de déficit que presenta nuestro país no parecen haberse atenuado, a ojos vista de nuestros socios europeos, después de que el presidente Rajoy redujera unilateralmente el compromiso de contención al 5,8% para que la Unión lo corrigiese situándolo en el 5,3%. La consideración de que las reformas y ajustes que ha emprendido España van en la buena dirección se ha convertido en el obligado lugar común que hace coincidir las declaraciones de los dirigentes europeos. Pero tanto los sacrificios que está realizando nuestro país como el nivel de deuda que arrastra en comparación con la de los demás socios de la Unión merecerían una mayor consideración, especialmente por parte de quienes no tienen empacho en evaluar la situación de la economía pública y privada española sin que se muestren tan rigurosos al administrar las cuentas de sus respectivos países. Ayer, el ministro de Finanzas sueco, Anders Borg, llegó a sugerir que la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales del Estado se hiciera por un procedimiento de urgencia. Si lo que preocupa es la contención del gasto, basta con que el Gobierno actúe con un celo consecuente con su proyecto presupuestario mientras éste es discutido por las Cortes. Porque aunque el titular de economía alemán, Wolfgang Schäuble, considere que el Gobierno español no debe tener en cuenta la huelga del 29 de marzo, es crucial que las decisiones presupuestarias se sometan a un debate institucional ordinario a la búsqueda de la máxima anuencia ciudadana.