Amnistía fiscal al defraudador

Sacar dinero hasta de debajo de los colchones, incluso al precio de renunciar a perseguir el fraude con todas las de la ley. El Gobierno de Mariano Rajoy dejó claro ayer que en «situaciones límite» como la actual vale casi todo con tal de recaudar y lanzó una invitación a los defraudadores o a quienes tengan dinero escondido fuera de España a regularizar su situación mediante una amnistía fiscal parcial.

El anuncio de esta medida encendió los ánimos de los partidos de izquierda y cosechó un sonoro rechazo de los inspectores de Hacienda. El departamento que dirige Cristóbal Montoro aspira a ingresar por esta vía 2.500 millones de euros adicionales -de un aumento total de ingresos presupuestado de 12.314 millones- y destinarlos a recortar el déficit.

La legislación no permite aprobar amnistías fiscales totales. De ahí que Montoro tuvo mucho cuidado de no presentar la iniciativa como una medida de gracia que la oposición y los electores -condenados a otro año de cinturones prietos- puedan interpretar como un 'premio' a los defraudadores. El ministro prefirió hablar de un nuevo «gravamen especial» fruto de la excepcionalidad de la situación económica.

La medida aprobada bendice en la práctica la regularización a bajo coste de rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, del Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. El precio será asequible: el pago previo de un gravamen complementario del 10% del importe de los bienes y derechos aflorados.

El Gobierno dejó claro que todo contribuyente que se acoja a estos beneficios quedará exonerado de cualquier ulterior persecución. Eso sí, deberá hacerlo antes del 30 de noviembre, fecha en que expira el plazo para presentar una declaración confidencial para regularizar su situación tributaria y para ingresar la cantidad aflorada.

El plan para hacer aflorar dinero negro fija también un gravamen específico del 8% para los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera derivados de la misma fuente que se repatríen hasta el 31 de diciembre de 2012.

Sanciones más duras

El Gobierno cree que esta última facilidad será un incentivo para las entidades mercantiles que no han podido beneficiarse de la exención prevista para dividendos y rentas de fuente extranjera por estar alguna de las sociedades en países de baja tributación (paraísos fiscales). El Ejecutivo augura que estas entidades se verán «estimuladas a repatriar fondos a un coste reducido».

El plan gubernamental incluye, además, un aviso a navegantes: Hacienda endurecerá el régimen sancionador tributario en 2013, una vez hayan expirado todos los plazos concedidos para la regularización extraordinaria de capitales. El que quiera saldar cuentas con el fisco ya sabe que deberá hacerlo este año, a riesgo de sufrir el que viene una sanción mucho mayor.

Cristóbal Montoro resaltó que una amnistía fiscal puede «gustar más o menos» a los contribuyentes, pero cree que debe hacerse en momentos en que se impone la necesidad de aumentar los ingresos. El PSOE recordó que los 'populares' se opusieron en 2010 a que José Luis Rodríguez Zapatero implementara una medida similar por considerarla injusta. Montoro resaltó que es «una oportunidad que no se va a volver a presentar más» y dejó claro que adoptó esta medida «al amparo de la OCDE» y a la vista de la experiencia de otros países del entorno, entre los que citó a Italia, Reino Unido y Estados Unidos.

España ya vivió dos 'amnistías fiscales', implementadas por los ministros Miguel Boyer y Carlos Solchaga en 1984 y 1991, durante los mandatos de Felipe González. En 1991 la oferta fue canjear el dinero negro por Activos Financieros con Retención en Origen (llamados 'Afros' o activos anónimos u opacos). Son activos con un rendimiento implícito gravados por una retención única que eximen a las entidades que los negocien de facilitar información tributaria normativa sobre sus compradores.

El otro gran pilar de la reforma fiscal que acompaña al presupuesto es la reforma del Impuesto de Sociedades, para frenar la caída del tipo efectivo. La excesiva permisividad respecto de la tributación de las empresas era una de las quejas recurrentes en los últimos años, incluso en el propio Ministerio de Hacienda, que veía cómo muchas grandes corporaciones apenas tributaban o tributaban cero gracias al beneficioso régimen de deducciones y bonificaciones en vigor.

Los cambios permitirán ingresar, según las estimaciones del Ejecutivo, 5.350 millones de euros adicionales gracias al diferimiento de beneficios fiscales de las empresas (210 millones), la eliminación de la libertad de amortización para las grandes compañías (840 millones), los límites a las deducciones de gastos financieros (1.050 millones), la fijación de un pago fraccionado mínimo para las empresas cuyo resultado contable supere los 20 millones al año (2.500 millones) y el gravamen de los dividendos de fuente extranjera (750 millones).

Completan la reforma fiscal presentada por Montoro una reforma del impuesto sobre el Tabaco, que debería de aportar 150 millones y cambios en las tasas jurisdiccionales, para recaudar 214 millones más. En total -de producirse el mejor de los escenarios, es decir, el cumplimiento estricto del plan diseñado por el Gobierno- los ingresos deberían de incrementarse en 12.314 millones de euros este año para ayudar a recortar el déficit del conjunto de administraciones públicas.