Cuenta atrás para la huelga general del 29-M

La cuenta atrás para la huelga general del jueves 29 de marzo ha empezado. Cada minuto que pasa, España se acerca al sexto paro total de 24 horas en democracia, el segundo contra un Gobierno del PP. Una medida excepcional que parece no gustar a nadie, aunque ninguno de los interlocutores en conflicto -el Gobierno, autor por decreto de la reforma laboral más lesiva de la historia con los derechos de los trabajadores; los sindicatos, convocantes de la protesta, y la patronal, que pide medidas aún más expeditivas para salir de la crisis- ha querido aflojar su postura.

Los grandes sindicatos, CC OO y UGT, recibieron sin aspavientos el 10 de febrero el decreto que cambió el marco de relaciones de trabajo. Desde entonces han elevado su presión de forma gradual. Primero expresaron su rechazo mediante declaraciones públicas y llamaron al Gobierno a la negociación. Después iniciaron campañas informativas en empresas y centros de trabajo para azuzar la repulsa de sus militantes. Finalmente llevaron su rechazo a la calle con manifestaciones masivas -las mayores el 19 de febrero y el 11 de marzo- para llamar a la huelga general y rechazar los recortes en el sector público. En este mes y medio el Gobierno no se ha movido de sus postulados. Mariano Rajoy y sus ministros han defendido que la reforma es lo que España precisa para salir de la crisis, si bien han reconocido que no creará empleo a corto plazo. El jefe del Ejecutivo ha ignorado dos emplazamientos por escrito de CC OO y UGT a negociar enmiendas al texto antes de su aprobación definitiva en el Congreso. Esa actitud ha molestado a las centrales, que aún hoy recalcan que está en manos de Rajoy desconvocar la huelga. Eso sí, CC OO y UGT ya no se conformarían con una declaración de voluntades. Para cancelar el paro quieren que el Gobierno ofrezca cambios sustanciales al texto.

El Ejecutivo mantiene que la norma es fruto del diálogo social, argumento que también irrita a las centrales, porque, aseguran, no ha habido negociación. La última vez que el Gobierno lanzó ese mensaje fue en un vídeo promocional de la reforma que difundió el Ministerio de Empleo y que luego retiró por orden de la Junta Electoral Central.

Miedo a represalias

¿Quiere la sociedad la huelga? Esa es la gran pregunta. CC OO y UGT son optimistas de cara a su resultado y no quieren anticipar consecuencias. Plantean la protesta como un plante de toda la sociedad ante la reforma laboral más perjudicial para la clase trabajadora. Triunfe o fracase, están seguros de que esta es una batalla que debe librarse. Sus dirigentes auguran que la movilización tendrá un «gran seguimiento», animados por los apoyos que han detectado en las asambleas informatias en las empresas.

Fernando Lezcano, secretario de Comunicación de CC OO, asegura que han notado en esos encuentros que «asiste más gente y está más receptiva que en asambleas anteriores». Reconoce, no obstante, que «también hemos encontrado mucha inquietud por el miedo a perder el trabajo o a sufrir represalias» y acusa a CEOE y a «círculos próximos al Gobierno» de «alimentar» esos temores. Lezcano explica que también hay muchos trabajadores que sufren estrecheces y a quienes puede suponer un gran quebranto perder un día de sueldo. En ese sentido concluye que «la dureza de la reforma laboral juega a favor de la huelga, pero la dureza de la crisis puede ser un factor disuasorio».

El secretario de Organización y Comunicación de UGT, José Javier Cubillo, resalta esa alta participación en las asambleas y el grado de conocimiento de los cambios que incorpora la normativa: abaratamiento general del despido, posibilidad de bajadas unilaterales de sueldos por parte del empresario y un desequilibrio en las relaciones entre empleados y patronos. «Los trabajadores conocían de antemano el contenido de la reforma y lo tenían valorado». «Nadie duda de sus efectos perniciosos», dice Cubillo.

El dirigente de UGT subraya que con su trabajo los sindicatos también han logrado que «todo el mundo sepa que ha perdido la tutela judicial ante los despidos improcedentes, que el patrón puede echar a un empleado solo porque le viene bien o hacer un despido colectivo (ERE) sin necesidad de justificarlo ante la administración». «Esperamos un gran seguimiento de la huelga porque el grado de agresión es el más alto que se ha conocido en democracia», asegura.

Cubillo también denuncia «amenazas». Y no solo en empresas privadas. Pone como ejemplo a una gran compañía pública -cuyo nombre rechaza citar- en la que «siempre ha habido gran respeto a los derechos de los trabajadores» y donde «se están confeccionando listas de los contratados en los últimos seis años». «El mensaje es que aquí el que se mueva ya sabe a qué atenerse», subraya.

¿Y cómo afronta el Gobierno la jornada de paro? Fuentes de Moncloa explican que el Ejecutivo quiere adoptar una postura parecida a la de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, consistente en «ponerse de perfil para evitar provocar cualquier chispa que alimente la huelga». Rajoy, afirman esas fuentes, hubiera preferido ahorrarse, por ejemplo, la polémica del vídeo.