Una plantación bajo «presión política y policial»

El alcalde de Rasquera (Tarragona) no cree en las casualidades y está convencido de que la detención, el jueves por la noche, de la encargada de la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA), por parte de los Mossos d'Esquadra, acusada de un presunto delito de tráfico de drogas, no tiene otra justificación que tratar de «desprestigiar» la iniciativa del consistorio.

La localidad tarraconense, según aprobó en pleno a finales de febrero, prevé ceder, a cambio de 1,3 millones de euros y la creación de 40 puestos de trabajo, siete hectáreas de la población (de no más de mil habitantes) para que la citada asociación levante una huerta para el cultivo de cannabis.

«Es evidente que las presiones policiales y políticas han aumentado desde que se anunció el proyecto. Está todo el mundo un poco asustado», afirmó Bernat Pellisa, de ERC, que ha renunciado a su militancia para que la decisión del ayuntamiento, que deberá ser ratificada por el municipio en referéndum el 10 de abril, no se vea salpicada por intereses partidistas.

Aunque desde la Consejería de Interior trataron ayer de desvincular el proyecto de Rasquera de la detención de Anna O. P. (puesta en libertad a las pocas horas) y la imputación por tráfico de drogas de otros cuatro empleados de la asociación, lo cierto es que desde que la pequeña localidad tarraconense aprobó su iniciativa, el consejero de Interior del Govern catalán se ha mostrado muy enérgico en su oposición a la idea.

«Si esto tira adelante, la Policía tendrá que actuar y llevar esta iniciativa, si es que se materializa, ante el juez, y será la justicia e incluso la Fiscalía quienes tendrán que decidir si esto es o no objeto de delito según el Código Penal», afirmó Felip Puig el mismo día que el consistorio dio luz verde al proyecto.

Azar, por tanto, para la Policía, que enmarcó la actuación contra la asociación a una investigación iniciada en 2011 y en la que los Mossos ya entraron en la (ABCDA) con la sospecha de que la entidad es una cortina de humo que esconde una plataforma de tráfico de drogas. Entonces, los agentes descubrieron que los miembros de la asociación no pagaban una cuota por pertenecer a la entidad y que compraban cánnabis al mismo precio que se puede encontrar en el mercado ilegal; además intervinieron a una persona que salía de la asociación con una mochila cargada de 142 bolsas marihuana

«No es casual»

Aun así, el primer edil de Rasquera incide en que no ve nada casual en esta última operación, en la que la Policía catalana intervino 1,3 kilos de marihuana por valor de 5.700 euros, que persigue, a su entender, «meter miedo» a la gente del pueblo.

El hecho de que la redada llegara un día después de que la Fiscalía de Tarragona afirmara que únicamente una autorización administrativa de la Agencia Estatal del Medicamento permitiría legalizar la plantación es también «sorprendente», según Pellisa.

La Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo, una entidad privada que cuenta con unos 5.000 socios a los que suministra marihuana, ya sea para paliar dolencias producidas por enfermedades o para uso lúdico, afirmó, igual que el alcalde, que seguirá adelante con el proyecto de la plantación en Rasquera. «No somos traficantes», dijeron.

Mientras los habitantes del pueblo piensan de cara al referéndum si siguen adelante con el proyecto de su consistorio, la Fiscalía investiga la decisión municipal, que podría ser impugnada por el Gobierno y la Generalitat.