Norma imprescindible

El Consejo de Ministros deliberó ayer sobre el anteproyecto de la «Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno» decidiendo exponer su contenido en la Red a partir del lunes para recabar durante dos semanas aportaciones de los ciudadanos en una iniciativa consecuente con el propósito de la norma. La transparencia activa de las administraciones públicas y la disposición de éstas a ofrecer a los ciudadanos la información que demanden -siempre que no afecte a la privacidad de las personas o a la seguridad colectiva- constituye la medida de prevención más eficaz frente a la corrupción y a las arbitrariedades en el ejercicio del poder. Pero no solo contribuye a evitar lo peor, si no que favorece tanto la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones como la generación de una sociedad activa y el desarrollo de una economía competitiva en torno a las actividades que las instituciones necesitan realizar con el concurso de empresas y de asociaciones cívicas. Cuanto más pormenorizada sea la información que las administraciones del Estado ofrezcan por propia iniciativa, menor será la carga burocrática que deban soportar para atender solicitudes ciudadanas. Además la casuística de tales supuestos hace recomendable que tanto en la redacción del proyecto como en su tramitación parlamentaria se amplíe al máximo el catálogo de datos que instituciones y organismos públicos estén obligados a brindar de entrada. La necesidad de transparencia y de acceso ciudadano a esas informaciones justificaba por sí sola una ley propia, pero el Ejecutivo ha querido integrar en ella normas de buen gobierno que tienen un alcance penal. En este último capítulo sería imprescindible que la tramitación de la nueva ley sirva para diferenciar las irregularidades más claramente punibles en el desempeño de una responsabilidad ejecutiva en la administración -como comprometer gasto sin cobertura presupuestaria o falsear la contabilidad- de aquellas otras conductas relativas al cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria que en un momento determinado pueden ser objeto de una discrepancia política legítima. En cualquier caso la ley de transparencia y buen gobierno resulta tan imprescindible que invita al conjunto del arco parlamentario a procurar, atendiendo las propuestas que se reciban de ciudadanos y organizaciones sociales, el máximo consenso